Caracas. Un sargento señalado por la muerte de un estudiante durante una protesta antigubernamental fue condenado a 23 años de prisión tras resultar absuelto en un primer juicio, informó el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab.

Condenado el sargento Arli Méndez Terán a solicitud del Ministerio Público (...) como responsable de la muerte de David Vallenilla, dicha pena será de 23 años de prisión por los delitos de homicidio calificado y uso indebido de arma orgánica #Justicia, indicó el viernes el fiscal en Twitter.

El fallo se conoce luego de que la justicia venezolana decretó el pasado 1º de octubre la nulidad del juicio contra el militar y ordenó un nuevo proceso, tras la absolución del uniformado acusado por la muerte de Vallenilla cometida durante protestas contra el presidente Nicolás Maduro que duraron varios meses en 2017.

Durante el juicio se logró demostrar con 40 pruebas documentales y 35 órganos de pruebas la plena responsabilidad del sargento, detenido el 2 de noviembre de 2017, en la muerte del estudiante, entonces de 22 años.

Esta condena en materia de sanción a violadores de derechos humanos es muy importante para nuestra gestión, porque ratifica con hechos y no palabras nuestro compromiso de hacer justicia, no solamente en casos emblemáticos como el de Vallenilla, sino en todos aquellos que vulneren la dignidad humana, declaró el fiscal Saab.

Méndez Terán, adscrito a la fuerza aérea, había sido absuelto por la muerte de Vallenilla, herido por perdigones de plomo disparados a quemarropa cuando protestaba con otros jóvenes que lanzaban piedras y cocteles molotov contra la base militar La Carlota, en Caracas, el 22 de junio de 2017.

La fiscalía apeló la absolución y abrió una investigación a la jueza que manejó el fallo.

Las manifestaciones de 2017 dejaron al menos 125 muertos entre abril y julio, en medio de denuncias de violaciones de derechos humanos.

La Corte Penal Internacional (CPI), que inició en 2018 exámenes preliminares contra Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad, denunció inacción de las autoridades en investigaciones de abusos cometidos por fuerzas de seguridad, según un informe desclasificado en agosto pasado, rechazado por las autoridades del país caribeño.

Frente a estos señalamientos, la fiscalía venezolana invitó a la CPI a que “compruebe in situ los esfuerzos realizados por todas las instituciones venezolanas” en materia de derechos humanos.

Hasta la fecha, 186 funcionarios policiales y militares han sido condenados por violaciones a los derechos humanos desde 2017, detalló Saab.

El militar pagará condena en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde, en Los Teques, a las afueras de Caracas.