La Presidencia de la República solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dar atención prioritaria a la controversia que mantiene el estado de México contra los resultados del Censo de Población 2020, que le significarían una disminución de 4 mil 328 millones de pesos anuales en sus participaciones federales.

En la conferencia de prensa matutina, Andrés Manuel López Obrador se refirió a los conflictos que este sistema de repartición provoca en algunas entidades: hay una controversia, porque durante algún tiempo, como 20 años, fue creciendo la población del estado de México, y en la fórmula para la distribución se incluyó dar más a las entidades con más habitantes.

Señaló que el gobernador mexiquense está en su papel al haberse inconformado y no aceptar la disminución poblacional reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Son asuntos que se ven en el Poder Judicial, pero hay que hacer la vida pública cada vez más pública, señaló el mandatario, quien ofreció que la semana próxima personal de la Secretaría de Hacienda explicará en Palacio Nacional cómo se hace el reparto de las participaciones federales.

La solicitud de atención prioritaria fue presentada en la SCJN por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) para que se resuelva a la brevedad la controversia constitucional 78/2020.

El gobierno mexiquense señala que el censo del Inegi muestra una baja de un millón 58 mil habitantes en la entidad, lo que implicaría recorte en su presupuesto.

Por ello, impugna las cifras de población relativas al Estado Libre y Soberano de México, las cuales reportan una cantidad menor de población a la realmente existente en esa entidad federativa, lo que trajo como consecuencia inmediata que mi representada recibiera un monto menor por concepto de participaciones federales.

La solicitud de atención prioritaria es un recurso que sólo tiene el Ejecutivo federal, pero no es obligatorio que la SCJN la acepte, según se explica en el acuerdo publicado en los estrados del máximo tribunal de justicia.

En sesión privada, la Corte decidirá si acepta la petición de la Presidencia de la República y dispone acelerar la resolución del caso, que fue asignado para su resolución al ministro Luis María Aguilar Morales.