s más que injusticia, es más que impunidad. Violar y encarcelar a una niña por denunciar a su violador son actos de crueldad. Actos salvajes e indignantes que provocan dolor, sufrimiento y daños emocionales graves.

Es realmente increíble el grado al que la crueldad machista puede llegar. El caso de Angélica, una niña de 15 años víctima de la violencia sexual en el municipio de Cochoapa, en la sierra de Guerrero, es expresión no sólo del machismo de un hombre, sino también del machismo institucional: de la fiereza del agresor y de los usos y costumbres misóginos de la comunidad. A los 11 años, Angélica fue vendida por su padre en 135 mil pesos para casarla con un chico, a cuya casa paterna fueron a vivir, tal como ordena la pauta patrivirilocal en diversas comunidades indígenas y rurales de México, reproduciendo lo que hoy se conoce como matrimonio forzado infantil. Después de algunos años, el joven marido emigró a Estados Unidos, dejando a su esposa a resguardo del padre de él, Rutilio. Ya bajo su resguardo, Rutilio, el suegro, violó o intentó violar a Angélica en diversas ocasiones, alegando que ya había pagado por ella. La joven huyó a casa de su abuela, pero a petición del agresor la policía comunitaria encarceló a Angélica –¡a la víctima!– y a sus hermanas, que aún son niñas, y a su abuela de 70 años. Después de violar a su nuera y enarcelarla por denunciarlo, Rutilio se atrevió a exigir la devolución de los 135 mil pesos para desisitirse y liberar a la menor.

Afortunadamente para Angélica, activistas y la CNDH consiguieron su libertad, pero ella y sus hermanas estuvieron 11 días encerradas en Dos Ríos. Rutilio ha sido detenido y será procesado.

Junto con Coahuila, Chiapas y Tabasco, Guerrero está entre las cuatro entidades con mayor tasa de maternidad infantil. En Guerrero se registran 426 nacimientos de madres-niñas de 10 a 14 años (en el país se estima un total de 8 mil 876, en 2020), casos en los que detrás están estas violaciones, matrimonios tempranos forzados y venta de niñas. Más de 80 por ciento de las niñas madres se dedican al trabajo no remunerado de cuidados y a los quehaceres domésticos; tan sólo 13.4 por ciento continúa estudiando tras el nacimiento de su primer hijo. Una tercera parte de las uniones o matrimonios de las entidades mencionadas, se produce en mujeres menores de 18 años, cifra que viene descendiendo, desalentada en parte por la prohibición legal del matrimonio en menores de edad, aunque en la práctica siguen ocurriendo las uniones infantiles y de adolescentes.

A fin de erradicar la maternidad infantil y atender a las niñas madres y embarazadas menores de 15 años, el gobierno de México ha desarrollado estrategias especiales. En el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en la Adolescencia (Enapea) que coordina el Conapo e Inmujeres, se diseñó la Ruta NAME (niñas y adolescentes madres). La cual tiene como objetivo establecer los pasos a seguir para la detección, atención y protección integral de las niñas y adolescentes madres y a sus hijas e hijos, hasta la restitución total de sus derechos. Desarrollada con la coordinación del Consejo Estatal de Población del estado de Hidalgo, la ruta es producto de un conjunto de trabajos de 20 instituciones gubernamentales y no gubernamentales, entre las que destaca la secretaría ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (servicios anticonceptivos y de interrupción voluntaria del embarazo), las procuradurías de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF, la SEP y el Fondo de Población de Naciones Unidas; además están las organizaciones de la sociedad civil Ddser, Elige, el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, Balance e Ipas.

Recientemente se publicó la Guía para la implementación de la Ruta NAME, cuyo propósito es identificar-captar a las NAME, generar una alerta que active los mecanismos intersectoriales de atención existentes, para que se les proteja de manera inmediata e integral, tanto a ellas como a sus hijas e hijos, garantizando la restitución de sus derechos, la no continuación y repetición del daño, en el marco de un acompañamiento sensible y respetuoso de los derechos humanos por parte de las instancias de gobierno (versión digital en https://mexico.unfpa.org/es/publications/gu%C3%ADa-para-la-implementaci%C3%B3n-de-la-%E2%80%9Cruta-para-la-atenci%C3%B3n-y-protecci%C3%B3n).

Se trata de un esfuerzo por visibilizar, difundir y articular las rutas, modelos, protocolos y flujogramas de atención ya existentes de los diferentes ámbitos públicos, de vincular a las instancias responsables de operar dichos mecanismos para hacerlos más eficientes y eficaces. Contempla un flujograma muy completo de atención médica, sicológica, legal, apoyos educativos y económicos, así como el reclutamiento de consejeras encargadas de brindar acompañamiento a las NAME y a sus hijos. La implementación en Hidalgo está siendo ejemplar.

Además se están haciendo esfuerzos importantes para erradicar la violencia sexual, los matrimonios tempranos, el embarazo y la maternidad infantil. Hoy se está difundiendo en la televisión y en las radios comunitarias la campaña Yo exijo respeto, para que las niñas y adolescentes de comunidades indígenas y afrodescendientes dejen de ser tratadas como marionetas rotas.

* Secretaria general del Conapo.

Twitter: Gabrielarodr108