En México se estima que al menos 335 mil adolescentes son usuarios de vapeadores, lo que eleva entre 80 y 700 por ciento el riesgo de que inicien el consumo de tabaco, pues ya son consumidores de nicotina. De ellos, 103 mil 500 son mujeres, alertaron especialistas.

En videoconferencia, convocada por la organización Salud Justa Mx, Inti Barrientos Gutiérrez, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), y Guadalupe Ponciano Rodríguez, coordinadora del Comité Interinstitucional de la Lucha contra el Tabaco, consideraron que el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que permite su comercialización es un grave retroceso en la lucha por combatir la adicción a la nicotina y el tabaquismo.

En México, destacaron los especialistas, se estima que hay 15 millones de fumadores de cigarros manufacturados (combustibles), pero también se detectó en años recientes un incremento en el uso de sistemas electrónicos de administración de nicotina (SEAN), que incluye vapeadores y cigarros electrónicos, los cuales resultan altamente atractivos para niñas, niños y adolescentes.

De acuerdo con datos científicos más recientes, los vapeadores no ayudan a la cesación en el consumo de tabaco, y en nuestro país se incrementó el uso dual, es decir, tanto de cigarro combustible como de vapeadores, lo que incluye a adolescentes.

Ponciano Rodríguez destacó que pese a las campañas lanzadas por la industria tabacalera para posicionar a los SEAN como menos dañinos que el cigarro combustible, no es así. Los vapeadores tienen una gran cantidad de sustancias nocivas, entre ellas la nicotina, considerada una de las drogas más adictivas, propilenglicol, glicerina, metales pesados, partículas ultrafinas, colorantes y saborizantes que han demostrado tener un impacto calcinógeno.

Activistas y científicos llamaron al máximo tribunal a considerar la información científica, sin conflicto de intereses, y las investigaciones realizadas en México, para que sepan que los vapeadores no son inocuos, representan un grave riesgo a la salud de la población, en particular de niños y adolescentes, y que debe prevalecer, antes que cualquier interés económico, el derecho a la salud.