Iván Reyes Arzate, ex comandante de la Policía Federal, aceptó sobornos de organizaciones dedicadas al narcotráfico, asociadas al cártel de Sinaloa, a cambio de información respecto de las investigaciones que realizaban autoridades estadunidenses, señaló el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Traicionó no sólo al pueblo de México que juró proteger, sino también su ley, subrayó la dependencia en torno a la declaratoria de culpabilidad que el ex funcionario realizó el martes ante el juez M. Cogan, de la Corte de distrito de Nueva York.

En solo un año, Reyes Arzate pasó de ser agente a jefe de un departamento dedicado a la investigación policial en la extinta Policía Judicial Federal, donde se unió al grupo que dirigían los comandantes Juan Carlos Mounssong Ventura e Igor Labastida (ejecutados en 2002 y 2008, respectivamente), y luego quedó a las órdenes de ex mandos de la Policía Federal que están siendo investigados por presuntos nexos con el narcotráfico.

Control de inteligencia y enlace con agencias

Se integró al círculo más cercano de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública (SSP) federal, y fue colocado a cargo de una de las áreas más sensibles de la corporación, ya que además de tener en sus manos los reportes y actividades que realizaban las áreas de inteligencia, despliegue regional (vigilancia carretera), operaciones especiales y combate al narcotráfico, era el principal enlace de la corporación con agencias estadunidenses.

De esa manera, se convirtió en informante de grupos criminales dedicados al tráfico de drogas de México hacia Estados Unidos, y por brindar protección a las operaciones ilícitas recibió grandes sumas de dinero, así como por sus nexos con altos mandos de la desaparecida Policía Federal; se espera que pueda colaborar como testigo en el juicio que se llevará contra García Luna, quien enfrenta cargos en aquel país por narcotráfico y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con información del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el ex comandante de la Policía Federal, junto con otros, es acusado de conspirar consciente e intencionalmente para distribuir una sustancia controlada, con la intención, y tener motivos razonables para creer que dicha sustancia sería importada ilegalmente a Estados Unidos desde un lugar externo, cuyo delito involucró una sustancia que contiene cocaína.