principios de noviembre de 2019, según lo que ahora reporta The New York Times, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presionaba a miembros de su equipo de trabajo para organizar acciones militares invasivas a México.

Tenía el antecedente inmediato del deplorable asesinato de nueve miembros de las familias LeBarón, en un lugar de confluencia entre Sonora y Chihuahua, el 4 de noviembre de ese año. Eran tres mujeres adultas y seis menores de edad, mexicanos a la vez que estadunidenses, por lo cual Washington consideró tener derecho a enviar fuerzas militares a México para combatir y castigar a los narcotraficantes acusados de ejecutar esa masacre.

Las operaciones en México tendrían como referente a Afganistán y Pakistán, donde se rastreó y asesinó a personas clasificadas por Estados Unidos como terroristas. Luego del asesinato de los miembros de la familia LeBarón, Trump llamó al presidente mexicano para ofrecer ayuda directa, lo que diplomáticamente fue rechazado.

El habitante de la Casa Blanca llegó a tuitear que si México necesita o solicita ayuda para limpiar estos monstruos, Estados Unidos está listo, dispuesto y capaz de involucrarse y hacer el trabajo de manera rápida y efectiva, conminando a declarar la GUERRA (mayúsculas en los tuits correspondientes) a los cárteles locales.

Más adelante, Trump coqueteó con la idea de declarar terroristas a los grupos mexicanos del crimen organizado, lo cual, a su descontrolado entender, le facultaría para intervenir directamente en el país vecino. Algunos miembros de la familia LeBarón apoyaron la posibilidad de esa declaratoria de terrorismo (Astillero: Cárteles terroristas/ Coartada para EU https://bit.ly/3n2QQDi). Ayer mismo, Adrián LeBarón, al conocer el reporte del NYT sobre la pretensión gringa de entrar a México militarmente, declaró que sería benéfico para México aceptar ayuda extranjera.

Dieciocho días atrás, el 17 de octubre del mismo 2019, se había producido lo que luego se conoció como el Culiacanazo o el Jueves Negro. El cumplimiento de una orden de aprehensión, solicitada por Estados Unidos con fines de extradición, pudo haber provocado una explosión de violencia que según los cálculos del propio Presidente de México habría significado unas 200 muertes, entre familiares de militares y civiles.

Y un mes antes del Culiacanazo, la reconocida revista Ríodoce publicaba una nota de Marcos Vizcarra sobre la discreta e insólita visita a la capital sinaloense de Uttam Dhillon, director interino de la agencia estadunidense para el control de drogas, la DEA, a invitación del gobernador Quirino Ordaz (propuesto ahora para embajador en España).

El propósito, se dijo, era mostrar a Dhillon datos de la disminución de homicidios y otros delitos en Sinaloa y explicarle las estrategias utilizadas en ese propósito. En esa sesión estuvieron los mandos locales de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, y de la Guardia Nacional (Astillero: Culiacán: jugar con fuego // Un mes atrás: la DEA https://bit.ly/2Z86up2./

Una secuencia en poco tiempo: solicitud de extradición de Ovidio Guzmán, visita de la DEA a Culiacán, detención y liberación del citado hijo de El Chapo, más el terrible ataque mortal a los LeBarón, con el entonces presidente de Estados Unidos explorando la posibilidad de enviar 250 mil soldados a la frontera con México, para frenar la migración, e incluso de entrar a territorio mexicano para ajusticiar narcotraficantes; propósitos, ambos, de los que se desistió ante los reparos de algunos de sus funcionarios y asesores. Todo ello fue en 2019, uno de los años en que México ha estado en peligro a causa del imperio vecino.

Y, mientras en un juzgado de Estados Unidos se ha declarado culpable de narcotráfico Iván Reyes Arzate, quien fue mando de la Policía Federal y parte importante del equipo de Genaro García Luna durante el calderonismo, ¡hasta mañana!

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