El papel del Estado ha sido esencial frente a la pandemia de coronavirus y debería serlo en la recuperación, por lo que se requieren instituciones públicas con nuevas capacidades, sostuvo Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Iniciada la emergencia, “se visibilizó el papel del Estado en el suministro de vacunas, en las transferencias de emergencia a poblaciones vulnerables para apuntalar a los hogares, en la inversión pública para los sistemas de salud –que tenían graves problemas en muchos de los países– y en la sostenibilidad financiera de los sistemas de protección social”, detalló.

No obstante, también se hicieron evidentes las acciones fragmentadas. El rol del Estado ha sido reconocido, revelado para liderar los procesos de recuperación pos-pandemia, pero justamente se requieren instituciones con capacidades renovadas, declaró durante la 18 Reunión del Consejo Regional de Planificación, convocada por la Cepal.

Bárcena recalcó que la pandemia sorprendió a América Latina con pocas herramientas para enfrentar la complejidad de la crisis, la cual pasó de ser sanitaria a económica y luego a social y ambiental; a lo que se suman los rezagos estructurales acarreados. Se agravaron la baja inversión y productividad, pobreza y desigualdad, resumió.

El estancamiento económico y social era evidente previo a la pandemia. Entre 2014 y 2019, el producto interno bruto (PIB) de América Latina creció apenas 0.3 por ciento por año y el porcentaje de la pobreza extrema había aumentado de 7.8 a 11.3 por ciento de la población al paso de esos seis años; mientras la pobreza lo hizo de 27.8 a 30.5 por ciento.

Para 2020 la proporción de latinoamericanos en pobreza pasó de 30.5 a 33.7 por ciento, un aumento de 22 millones de personas en un año, para alcanzar 209 millones en total; mientras la pobreza extrema avanzó de 11.3 a 12.5 por ciento de la población, sumó a 8 millones, para terminar con 78 millones de personas que viven eligiendo entre comprar alimentos, pagar vivienda, acceder a educación y otros derechos esenciales.

En este contexto aumentó la inconformidad de la población; Latinobarómetro señala que 73 por ciento de los consultados considera que se gobierna para las élites y grandes empresas y no para el pueblo.

Esto nos mueve a pensar que se ha acentuado la cultura del privilegio, comentó Bárcena. A esta percepción se suma el que multimillonarios en Estados Unidos incrementaron su riqueza en 40 por ciento con la pandemia, agregó.

Además de reforzar las instituciones para que respondan a la recuperación tras la pandemia, es urgente fortalecer los sistemas nacionales de inversión pública y canalizarlos a sectores dinámicos, que generen empleo y disminuyan la huella ambiental, comentó. Y es que ésta ha sido un permanente rezago en América Latina, pues representa 17.6 por ciento como proporción del PIB, mientras en el promedio mundial alcanza 26.3 por ciento.