Las posturas y acciones de la actual administración federal restan confianza y certeza jurídica al sector minero, lo que ha impactado en la inversión, señaló Sergio Almazán, presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (Aimmgm).

En una presentación que difundió durante un seminario organizado por la Cámara Minera de México (Camimex), el representante del gremio destacó acciones como la eliminación de la subsecretaría de minas, la dilución del fondo minero y dejar de otorgar concesiones.

A dichas acciones negativas para la certidumbre, apuntó Almazán, se suma la iniciativa presentada hace unas semanas por el gobierno para dejar de dar concesiones relacionadas con litio y demás minerales estratégicos para la transición energética del país.

Necesitamos trabajar con las autoridades para posicionar a la minería como un aliado estratégico del Estado y no continuar perdiendo competitividad, apuntó.

De acuerdo con datos de la Camimex, durante 2020 la inversión minera total en México ascendió a 3 mil 532 millones de dólares, cifra 24 por ciento inferior a los 4 mil 657 millones de dólares reportados en 2019. No obstante, dicha cifra también se vio afectada por el paso de la pandemia, dado que provocó que varios proyectos se pararan.

En lo que respecta únicamente a la inversión en exploración, es decir, en los trabajos para encontrar zonas con algún mineral en el subsuelo, ésta bajó de 536 millones de dólares en 2019 a 399 millones en 2020, es decir, 25 por ciento.

Otros factores que han desincentivando la inversión, sostuvo Almazán, son la imposición de nuevos derechos (impuestos) a partir de 2014, la imposibilidad para deducir los gastos de exploración el mismo año en que se efectúan, falta de certeza jurídica e inseguridad.

Para aumentar la inversión en el país, el organismo pide al gobierno permitir la deducción a 100 por ciento de los gastos preoperativos de exploración; expedir una ley general en materia de consulta indígena, definiendo la autoridad encargada y la definición y delimitación precisa de pueblos y comunidades nativas.

Además de revisar el fondo minero, pues los recursos aportados deben llegar de manera oportuna y ser asignados a las comunidades beneficiadas.

De darse estos cambios, de acuerdo con la Camimex, el producto interno bruto puede crecer 0.5 puntos porcentuales adicionales producto de inversiones por más de 24 mil millones de dólares dirigidos a nuevas minas en los próximos seis años.