En 2020, unas 76 mil 700 personas fueron encarceladas sin una sentencia en el país, es decir, se registró una disminución de 4.5 por ciento desde 2015. Asimismo, en los últimos seis años, 21 estados informaron reducciones en el número de detenidos sin sentencia, mientras 11 registraron un aumento, señala el estudio Índice de Paz México 2021, del Instituto para la Economía y la Paz (IEP).

Apunta que en medio de la pandemia, la extensión de la prisión preventiva obligatoria y la suspensión temporal de los tribunales penales ha contribuido al hacinamiento en las cárceles de México. Tan sólo en 2020, indica que el número de detenidos sin sentencia aumentó drásticamente, en 26.9 por ciento y que en julio de ese año el Senado mexicano aprobó la ampliación de la prisión preventiva obligatoria para más delitos, incluidos electorales, posesión ilegal de armas y desapariciones forzadas.

Los datos mensuales indican que el número de detenidos sin sentencia alcanzó su punto máximo en septiembre de 2020, cuando el número total se situó en más de 77 mil, y se registraron reducciones marginales en los meses posteriores. Añade que, a fines del año, 42 por ciento de los detenidos de las cárceles estatales estaban recluidos sin haber sido sentenciados.

En el documento se subraya que Sinaloa registró la mayor reducción en el número de detenidos sin sentencia, de 2 mil 309 en 2015 a mil 113 en 2020. Esto marcó una disminución de 51.8 por ciento y se produce tras reducciones similares en crímenes de la delincuencia organizada, delitos cometidos con armas de fuego y homicidios en el mismo periodo. Por el contrario, la Ciudad de México registró 3 mil 742 presos adicionales que no habían sido sentenciados en 2020 en comparación con 2015.

De acuerdo con el reporte, en México una serie de reformas legales recientes han buscado reducir el uso de la prisión preventiva. La introducción de la presunción de inocencia como estándar legal en el país, dentro del nuevo sistema judicial penal, tiene como objetivo proteger los derechos de los imputados y evitar que la mayoría de los presuntos delincuentes sean encarcelados sin una condena.

Incluso recuerda que el artículo 19 de la Constitución mexicana prescribe la prisión preventiva para nueve delitos graves, que incluyen los relacionados con delincuencia organizada, violación y homicidio. “En febrero de 2019, la legislatura nacional votó para incluir ocho delitos adicionales, incluidos la corrupción y el abuso de menores. El artículo establece que un juez puede ordenar prisión preventiva hasta dos años antes de la sentencia cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la presencia del imputado en los procesos judiciales, evitar la obstrucción de la justicia, proteger a las víctimas, los testigos o la comunidad”.