A propuesta de la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, se comenzará la revisión de los pendientes que tiene esa cámara por desahogar en materia de leyes que se derivan de reformas constitucionales y de legislaciones a partir de mandatos judiciales, a fin de dar cumplimiento a sentencias de la Suprema Corte, que en la mayoría de los casos ya vencieron.

En la reunión de la mesa directiva del pasado jueves, se aprobó avanzar en ese sentido y acabar con rezagos que en algunos casos se arrastran de legislaturas pasadas, luego de que Sánchez Cordero presentó un recuento de los pendientes por desahogar y planteó, de entrada, que se analice si aún tienen vigencia o quedaron rebasados.

Esa cámara del Congreso está obligada a expedir seis legislaciones derivadas de sentencias del Poder Judicial en los últimos años. Entre ellas, la modificación al Código Penal Federal para tipificar como delito conductas raciales, ordenada por la Suprema Corte para dar cumplimiento a la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. El plazo que se dio al Senado venció el 3 de julio de 2020.

Pueblos indígenas

Faltan por emitir las reglas y el procedimiento de consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, a los pueblos y comunidades indígenas y afroamericanos, que debieron estar listos el pasado 31 de agosto.

Otra sentencia de la Corte obliga al Senado a llevar a cabo las acciones pertinentes, necesarias y suficientes para garantizar a las personas mexicanas residentes en el extranjero el ejercicio pleno de sus derechos político-electorales. En este caso no hay plazo.

Para abril de 2022, el Senado deberá expedir la regulación en materia de error judicial, con el objeto de cumplir lo establecido en esa materia en el Estatuto de Roma, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El Senado tiene también pendiente una docena de legislaciones reglamentarias derivadas de reformas constitucionales, entre las que se encuentran la Ley General de Ciencia y Tecnología, cuyo plazo venció en 2020, así como las adecuaciones normativas para observar el principio de paridad de género en los términos del artículo 41 de la Carta Magna y la armonización del marco jurídico sobre la prohibición de condonar impuestos, que tenían que aprobarse en marzo de este año.

Protección al maíz

Asimismo, desde mayo pasado venció el plazo para armonizar la legislación que permitirá cumplir con lo establecido en la Ley para Proteger al Maíz Nativo, al igual que la revisión del régimen transitorio de la Ley de Amnistía, que el Senado debió aprobar en noviembre de 2020.

Carga también con pendientes que se arrastran de legislaturas pasadas, la más rezagada es de 2012, cuando debieron expedirse las leyes reglamentarias de los artículos 29 y 33 constitucionales sobre suspensión de garantías y derecho de audiencia. También la Ley General del Agua, estancada desde 2013; la Ley para dotar de Autonomía al Coneval, de 2014, y de ese mismo año las adecuaciones legislativas para poner en marcha el formato único en materia de registro de población, así como las leyes reglamentarias derivadas de la Reforma Política de la Ciudad de México.

El Senado está en falta por no aprobar las leyes reglamentarias de reformas constitucionales en materia de justicia cívica e itinerante y justicia cotidiana, cuyo plazo venció en 2018.