a reforma energética del 2013 canceló tres fundamentos constitucionales: 1) integralidad del servicio público de electricidad; 2) exclusividad en el usufructo nacional de recursos naturales (tierras, aguas, vientos y radiación solar, entre otros) para este servicio; 3) el carácter estratégico de la industria eléctrica.
¡Muy grave! Más al hacerlo –hoy sabemos– con sobornos. Y aún más presentar su reforma –con algunos aspectos virtuosos, pero permeada de falsedades– como la estrategia de atención al cambio climático. El diseño impuesto no es ni el único ni el mejor.
En diferentes contextos –especialistas dixit– las actividades de la industria eléctrica pueden atribuirse a diferentes entidades o a un sólo organismo que desempeñaría algunas o todas las funciones. Y caracterizan en cuatro las alternativas: industria integrada verticalmente; comprador único, mercado mayorista, mercado mayorista y minorista ( Economics of Electricity, Markets, Competition and Rules, Anna Creti y Fulvio Fontini, Cambridge University Press, 2019).
Aciertos y fracasos están presentes. En la España en crisis, en Italia, en Alemania, en Finlandia, por ejemplo. La Francia de hoy repiensa el equilibrio de la fuerte empresa pública con proveedores alternativos.
Es posible un rediseño que recupere esos tres lineamientos constitucionales y leyes secundarias que abonen claramente para fortalecer a la empresa pública y rediseñar la participación de privados. ¡Cuidado con los esquemas simplistas!, pero hay aspectos regresivos que deben revisarse: 1) la entrega a manos privadas de la riqueza solar y eólica presente en tierras federales, terrenos ejidales, tierras colectivas y comunidades originarias; 2) el aliento asimétrico a privados –incluso desde 1992– como desarrolladores prácticamente exclusivos no sólo de lo renovable, sino de la generación más eficiente y menos contaminante a gas natural; 3) los abusos de algunas empresas para convertirse en suministradores subrepticios; sin duda –para sólo indicar uno más- las falsas sociedades de autoabasto.
Los abusos y desviaciones deben ser señalados con rigor técnico, económico y financiero. Las comparaciones de precios y tarifas técnicamente fundadas y sustentadas. Los señalamientos del falso autoabasto nítidos y el manejo de lo técnico, cuidadoso. Además, la visión estratégica bajo la cual se pretende recuperar la integralidad, el carácter estratégico y el usufructo de recursos naturales para un eficiente, confiable, seguro y limpio servicio público de electricidad, debe ser explicitada.
Salvo sorpresas, el panorama tecnológico actual indica que sólo una penetración acelerada de la electricidad en el balance final de energía (hoy 20 por ciento en el mundo y en México) y su descarbonización (fósiles de 63 por ciento en el mundo, 75 por ciento en México) podrá abrir un círculo virtuoso. Exige políticas públicas de largo aliento y amplia perspectiva. Asimismo, compromiso generoso, para impulsar, al menos, cuatro acciones permanentes: 1) mejor servicio público de electricidad de calidad, seguro, confiable y al menor costo; 2) máxima eficiencia en generación, transmisión, distribución y abastecimiento; 3) planeación a mediano y largo plazos; 4) atención a comunidades afectadas, impulso a la máxima eficiencia en el consumo final, a la generación distribuida y a formas alternativas de satisfacción de necesidades.
Supone, además, impulso firme a la electrificación en sectores como el transporte. La tarea es urgente y fenomenal. El consumo eléctrico debe crecer a tasas muy superiores a las del consumo global de energía. Muy superiores a su tendencia histórica, pero, sobre todo, exige acuerdos y acciones sociales relevantes. De veras.
