EditorialEnergía y soberanía
La nacionalización eléctrica es una meta alcanzada por el pueblo en el camino de la Revolución. Al tomar posesión la nación de la Compañía de Luz, se consuma un largo esfuerzo del pueblo mexicano por tener en sus manos la energía eléctrica que manos mexicanas producen en el país.
Discurso pronunciado por el presidente Adolfo López Mateos desde el balcón de Palacio Nacional el 27 de septiembre de 1960.
México tiene que avanzar a buen paso en la transición energética disminuyendo y haciendo más eficiente el uso de energía, sustituyendo la contaminante por la limpia, fomentando la autogeneración... Pero para hacerlo necesita recuperar la soberanía energética perdida pues mientras la energía sea un negocio trasnacional no se podrán racionalizar ni su generación ni su distribución ni su consumo.
El sistema energético es un entramado de enorme complejidad y permitir que lo domine un mercado manipulado por las grandes corporaciones tiene repercusiones catastróficas en lo ambiental, lo social y lo económico como las que hoy vemos en Inglaterra con la escasez de combustibles y en España con las desmesuradas alzas de la electricidad.
Factores técnicos, económicos y sociales se entrelazan indisolublemente en el sistema de generación, distribución y consumo de energía conformando un vasto entramado donde todo se relaciona con todo. Y los impactos que su disfuncionalidad tiene sobre el medio ambiente, la vida de las personas y la producción-distribución de bienes son inconmensurables. Gestionarlo de manera responsable es por tanto una de las funciones sustantivas e irrenunciables del Estado.
Las decisiones referentes a fuentes de aprovisionamiento a prioridades y a modalidades del consumo de la energía nos incumben a todos y deben pasar por consultas ciudadanas. Pero la gestión de un sistema extenso, complejo y articulado que en todo momento ha de informatizarse y operarse como un todo, demanda recursos y capacidades técnicas de orden Estatal. Como en las pandemias y otras catástrofes es claro que el aprovisionamiento nacional, estratégico, justo y sostenible de energía es un asunto que rebasa las posibilidades de la autogestión local… aunque sin duda la requiere.
El gobierno de López Obrador tiene el mandato ciudadano de recuperar y reordenar el sistema energético desmantelado y extrangerizado por los neoliberales. Gobiernos que en el ámbito de la energía renunciaron tanto a la autosuficiencia como a la soberanía, por lo que en el caso de los combustibles dependemos dramáticamente de las importaciones y las leyes que ellos reformaron nos atan para tomar decisiones favorables al interés nacional.
Aunque ya no tan abundante como en el pasado, México tiene petróleo. Y, sin embargo, la dependencia en combustibles ha venido creciendo de modo que hace quince años era de 40% mientras que hoy es del 70%. En lo tocante al petróleo crudo se descuidó la exploración -con lo que disminuyeron las reservas- y se redujo la extracción, en lo tocante a los derivados se dejó de construir refinerías y de dar mantenimiento a las existentes de modo que cayó la producción. El saldo es que hoy somos importadores netos pues el valor de nuestras compras al exterior de gasolina, diésel y gas es mayor que el de nuestras exportaciones de petróleo crudo.
En el caso del gas la situación es especialmente crítica pues solo producimos el 30% del consumo nacional y traemos del exterior el resto mientras que seguimos liberando a la atmósfera o quemando el gas asociado que nos daría autosuficiencia.
En 2018, el último año del gobierno de Peña Nieto, por compras de petrolíferos salieron del país 30 mil 200 millones de dólares. Drenaje de divisas que ni siquiera las milagrosas remesas compensan del todo.
La reforma energética privatizadora y extranjerizante nos quitó soberanía, pero las concesiones que de ella derivaron no aumentaron ni la producción, ni la inversión ni el empleo. Los 110 contratos de extracción firmados entonces con particulares están en su mayor parte inactivos, de los 200 mil millones de dólares de inversión anunciados solo se invirtieron 800 millones (el 0.4%), los tres millones de barriles a los que se iba a llegar quedaron en 1.8 millones de los que la producción privada aporta solo el 2.3% y en cuanto a los buenos empleos que prometieron generar, ni sus luces. Un petardo.
Es claro que el resultado es malo para el país. Pero uno se pregunta también: si no siempre está en la producción dónde está para las empresas el negocio de las privatizaciones y los contratos. No hay en realidad misterio alguno, su método es el mismo que hace lucrativas las concesiones mineras aun si no se exploran ni explotan las áreas amparadas: la especulación. Las acciones de las empresas suben con cada concesión se use o no y en otros casos los contratos se venden a alguien que posiblemente tampoco piensa a invertir, y así.
Los neoliberales amarraron el paquete de las concesiones mediante reformas Constitucionales privatizadoras, Leyes a modo y Tratados Internacionales lesivos a la soberanía. Caso emblemático es el de la electricidad. Hoy la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene la obligación legal de comprar a los particulares todo el fluido eléctrico que generen, en el momento y lugar en que lo generen y subsidiando los costos de transmisión. Pero a la vez la CFE tiene la responsabilidad de garantizar el servicio manteniendo estable el sistema y equilibradas generación y consumo conectando para esto los diversos subsistemas regionales y combinado las distintas fuentes: termoeléctrica, hidroeléctrica, eoloeléctrica, fotoeléctrica, nucleoeléctrica, geotérmica… cada una con diferente flexibilidad y eficiencia técnica, diferente costo económico, diferente impacto ambiental… Mientras tanto las corporaciones lucran y hasta presumen de que a veces su energía es limpia.
Un puñado de empresas que encabeza la española Iberdrola domina el mercado eléctrico. Concentración oligopólica que pone en riesgo la seguridad del suministro, los precios al usuario y las finanzas públicas pues los compromisos de compra a las empresas impiden que la CFE emplee completa y racionalmente su capacidad generadora de modo que las hidroeléctricas por ejemplo están subutilizadas. “La CFE ha pagado 300 mil millones de pesos de más por esos contratos leoninos”, informó recientemente el presidente López Obrador.
Y para corregir la aberración el presidente presentó una Ley de la Industria Eléctrica que el legislativo aprobó. De inmediato llovieron los amparos a los que un par de jueces a modo respondió con 362 suspensiones provisionales y luego definitivas. Frenada la Ley, lo que queda es una reforma Constitucional cuya iniciativa ya fue presentada e incluye la regulación estatal sobre el litio, insumo básico de pilas eléctricas. El problema es que para aprobarla hace falta una mayoría calificada en las cámaras en donde está activo el “Pacto contra México”. La moneda está en el aire… y mientras tanto el negocio sigue.
La importación del 70% del gas que consumimos y los ductos por los que llega también son un gran negocio para las empresas, con quienes los anteriores gobiernos firmaron contratos desventajosos. La CFE los está renegociando y ha logrado ahorros por seis mil 200 millones de dólares. Pero el problema de fondo es que habiendo sido autosuficientes en este combustible hoy somos deficitarios pues el gas asociado se libera a la atmósfera o se quema. Y es que la dependencia es un gran negocio.
La política gubernamental orientada a recuperar la soberanía energética para asegurar el suministro, mantener bajos los precios, sanear las finanzas públicas e impulsar la transición energética ha sido resistida por las corporaciones. Pero también es criticada por algunos ambientalistas para quienes extraer y procesar petróleo en México atenta contra la descarbonización.
El argumento es torpe pues el hecho es que el 83% de la energía que hoy empleamos viene de los hidrocarburos, dependencia cuya disminución urge pero que será gradual y paulatina. Pensemos por ejemplo en los 50 millones de vehículos automotores de combustión interna la mayoría particulares que circulan hoy aquí, sin duda una gran parte deberán ser sustituidos por trasporte público no contaminante y el restó por vehículos eléctricos o híbridos, y ciertamente hay que darse prisa, pero aun así nos llevará un buen tiempo Y si consumimos petrolíferos y por un rato los seguiremos consumiendo lo mas razonable en términos de seguridad, economía y reducción de emisiones contaminantes es producirlos aquí pues exportar crudos e importar refinados tiene entre otras cosas el alto e innecesario costo energético que se origina en su transporte. No nos engañemos, Dos Bocas es parte de la solución no del problema.
También enoja a ciertos ambientalistas el empleo por la CFE de las termoeléctricas que queman combustibles y son contaminantes. Lo que pasa es que las fuentes de electricidad más limpias y renovables tienen ubicaciones definidas y su producción no es continua. Tal es el caso de las hidroeléctricas que generan en lluvias cuando se llenan las presas, es decir en verano, y de las eoloeléctricas que generan más en temporada de fuertes vientos, es decir en el invierno. Así en el sureste donde estos recursos abundan, ambas fuentes se pueden y deben complementar. Pero eso no basta; para mantener el servicio continuo y responder a las fluctuaciones diarias y estacionales de la demanda hacen falta generadores flexibles como las termoeléctricas, que se activan o desactivan cuando es necesario. Los combustibles son contaminantes pero fáciles de almacenar y conservar, la electricidad no contamina, pero es un fluido cuyo almacenamiento y conservación es menos eficiente y más costosa de modo que cuando menos por un tiempo el sistema deberá emplear los dos. Y ciertamente si ha de haber termoeléctricas es preferible que sean de ciclo combinado y no de las hiper contaminantes que queman carbón.
Transición a energías limpias y soberanía energética: un binomio inseparable. •
