Cambio climático, transición energética y el movimiento global por la justicia ambiental
El Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC) publicó en agosto su más reciente reporte. Éste recopila la vasta evidencia científica sobre el papel de la actividad humana en la alteración del clima, detallando la gravedad de la crisis actual y estimando sus posibles escenarios futuros. El reporte refuerza el mensaje que el mismo IPCC venía enfatizando tiempo atrás: se requiere de una salida rápida y sin precedentes de los sistemas energéticos basados en las energías fósiles.
Ciertamente, el IPCC provee el sustento científico a un problema que es, sobre todo, político. Primero, porque la crisis climática no es el resultado de la “actividad humana” en abstracto, sino que responde al modelo de industrialización que se ha ido expandiendo desde el siglo XIX bajo la abundancia de las energías fósiles. Segundo, porque este modelo requiere de la continua extracción de energía y materiales para mantener al sistema económico “en marcha”, lo que involucra explotación social y ambiental en las regiones periféricas del sistema. Y tercero, porque las posibles salidas a esta crisis van más allá de soluciones tecnológicas que reproduzcan el mismo sistema económico. Se requieren, pues, de transformaciones civilizatorias para transitar a un futuro que sea justo y sustentable.
El movimiento global por la Justicia Ambiental es un “movimiento de movimientos” que, desde múltiples localidades alrededor del mundo, está posicionando estas cuestiones en el centro del debate. Desde el Atlas de Justicia Ambiental, integramos esfuerzos para visibilizar y fortalecer estas demandas, con más de 3508 movilizaciones registradas a la fecha (www.ejatlas.org). Destacamos dos demandas clave:
Dejar los recursos fósiles bajo tierra
Un llamado a frenar la extracción de recursos fósiles viene articulándose desde los años noventa. Primero en el Delta del Río Níger, en África, con la movilización de las comunidades Ogoni e Ijaw y el apoyo de la organización ambiental Oilwatch. Después, con las comunidades amazónicas en Ecuador y el apoyo de la organización Acción Ecológica. Y ahora, con una dispersión global de luchas que van desde el bloqueo de comunidades nativas norteamericanas ante la expansión de infraestructuras fósiles; pasando por el movimiento de desobediencia civil en Alemania para frenar la extracción de carbón (Ende Gelälande); hasta los movimientos contra el fracking que surgen en distintos puntos del planeta (como lo son en México los casos de la Huasteca, Chihuahua, Nuevo León y Coahuila).
Todos estos conflictos responden fundamentalmente a preocupaciones locales, pero tienen una indudable relevancia mundial. Un estudio sistemático realizado en 2020* arrojó que, dentro de las demandas en contra de los proyectos de energía fósil (371 casos vinculados al carbón, petróleo y gas natural) destacan la violación a los derechos humanos y de consulta, así como la destrucción que estas actividades tienen en territorios locales (contaminación de tierras y aguas, afectación a los medios de vida y salud de las comunidades). Sin embargo, estos movimientos también se convierten en la punta de lanza para el activismo climático global: no solo porque al resistir en sus territorios inmediatos contribuyen a la cancelación temporal o definitiva de proyectos específicos, sino también, porque apelan al diseño de moratorias que contribuyen a la reducción de emisiones en la atmósfera.
Renovables sí, pero no así
Éste es un llamado que durante los últimos años ha tomado centralidad en los debates ambientales y que responde a un creciente número de injusticias ante la rápida expansión de megaproyectos de energías renovables. La demanda engloba una serie de preocupaciones de comunidades rurales ante la imposición de infraestructuras que resultan cuestionables en sus aspectos sociales y, en algunos casos, también ambientales. Ello incluye a las grandes centrales hidroeléctricas que continúan desplazando violentamente comunidades enteras alrededor del mundo; los monocultivos para biocombustibles que se implantan en diversos ecosistemas tropicales; así como el creciente número de mega-parques eólicos y solares que privatizan tierras y recursos, violando los derechos de consulta - tal y como lo demuestran en México el caso del Corredor Eólico del Istmo de Tehuantepec y los conflictos en la Península de Yucatán.
Nuevamente, las preocupaciones son locales, pero su relevancia es global. Por un lado, los conflictos enfatizan la urgente necesidad de respetar la integridad de los territorios en la transición energética; reconociendo la tenencia y gestión colectiva de tierras, protegiendo los tejidos productivos locales y la diversidad biocultural. Pero también, estos casos arrojan luz sobre una cuestión de fondo: si bien las tecnologías bajas en carbono son menos contaminantes que las fósiles; un modelo energético basado en renovables pero que mantiene los patrones de producción y consumo actuales, conllevará a una mayor expansión de las fronteras extractivas, reproduciendo desigualdades sociales y ambientales. En este sentido, el estudio ya citado es contundente: el aumento global de conflictos en el sector (278 casos) responde a la falta de implementación de proyectos energéticos locales y participativos, que permitan gestiones genuinamente democráticas y sustentables hacia un futuro energético alternativo.
La creciente evidencia del Atlas de Justicia Ambiental indica que comunidades y ciudadanos alrededor del mundo responden activamente ante la crisis climática y el reto de la transición energética. Estos procesos convergen con múltiples iniciativas que apuntan hacia la implementación de transiciones justas y sustentables. Entre ellas, destaca la propuesta para un Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles (www.fossilfueltreaty.com) y otras que en el pasado han avanzado en sintonía, como lo fue la Iniciativa Yasuní-ITT, un esquema de moratoria petrolera y pago de deuda climática. En paralelo, aumentan los llamados para impulsar políticas de post-crecimiento en los países más industrializados y los sectores más ricos del mundo, dando espacio a reducir las presiones ambientales y replantear democráticamente las necesidades energéticas a nivel global. En esta constelación de fuerzas, el movimiento global por la justicia ambiental seguirá jugando un papel clave para articular luchas locales y alianzas globales. •