A pesar del nuevo marco legal relacionado con la violencia política de género, que entró en funcionamiento en los pasados comicios, considerados los más violentos de la historia por la injerencia del crimen organizado, las agresiones contra las mujeres se incrementaron, sostuvo el presidente del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas.

Censuró que a pesar de las reformas legales en la materia, la impunidad en estos ataques prevaleció como norma.

Durante el foro regional Experiencias en torno a la Violencia Política de Género, Norma de la Cruz, consejera del INE, señaló que los instrumentos legales y normativos utilizados en la elección permitieron visibilizar un fenómeno recurrente de violencia política contra la mujer. Se evidenció que esto es sólo un primer paso porque falta mucho por hacer, pues uno de los espacios de mayor agresividad son las redes sociales, donde prevalece la impunidad ante el anonimato.

Rivas aseveró que mientras prevalezcan las agresiones contra la mujer en materia política no estará consolidada la democracia en México. En este contexto, dijo que para acotar los ataques en redes sociales se debe reformar el marco legal para sancionar a las empresas que permitan o toleren estas agresiones políticas, porque la falta de regulación al respecto ha generado un espacio de impunidad.

En el análisis de casos que se registraron, dijo, es evidente la contratación de granjas de bots para ampliar los ataques contra una candidata, particularmente aquellas que aspiraban a presidencias municipales, donde se recrudecieron las agresiones. Ante la evidente carencia de respuesta de la autoridad y la ausencia de sanciones a quienes perpetraban estas conductas, proliferan estas acciones que generan un clima adverso para las mujeres en la contienda.

De la Cruz sostuvo que la experiencia de estos comicios deja varios retos, entre los cuales destaca el fortalecimiento de la cultura de la denuncia, porque en total se recibieron 147 quejas. Sin embargo, la Red Nacional de Candidatas identificó al menos 448 casos de violencia política contra las mujeres, lo que refleja un subregistro de agresiones.