La eventual descentralización de los programas de combate a la pobreza –que se originaría al entregar el control de los mismos a algunos mandatarios estatales– es un experimento muy arriesgado, pues existe la posibilidad de que dichos esquemas se utilicen con propósitos electorales y surja algún conflicto legal por falta de regulación adecuada, advirtió Roberto Gutiérrez Rodríguez, jefe del departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), campus Iztapalapa.

El académico agregó que si dichos cambios no se realizan con cuidado, podría haber retrocesos o estancamientos en la lucha contra la precariedad.

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el 9 de octubre que el gobernador michoacano, Alfredo Ramírez Bedolla, sería el operador de los programas sociales en su estado –un esquema que se repetirá en Sonora, según el mandatario Alfonso Durazo–, el investigador alertó que un cambio en este sentido implica riesgos considerables.

Nuestra experiencia con la descentralización de ciertas actividades, como la educación, no ha sido del todo buena. Cualquier experimento que hagamos en relación con el combate a la pobreza es muy arriesgado, porque ese indicador aumentó cerca de 25 por ciento en precariedad extrema y casi 10 por ciento en la moderada, aseveró.

Nuevo aumento en la pobreza

De acuerdo con el especialista, el eventual cambio en la administración de los esquemas de ayuda social, combinado con la modificación del censo de beneficiarios y los criterios de distribución de recursos, puede llevar a un nuevo aumento de la pobreza.

Gutiérrez subrayó que el actual gobierno ha enfocado sus programas en ciertos grupos vulnerables, como adultos mayores, jóvenes, madres solteras o campesinos pobres, pero ha dejado de lado a otros sectores que también requieren auxilio, como las micro, pequeñas y medianas empresas –un millón de las cuales desapareció durante la pandemia de Covid-19– y los asalariados que perdieron su empleo.

Al descentralizar la educación en la década de los 90 del siglo pasado, recordó, lo que hizo el gobierno federal fue “enviar dinero a los estados para que ellos lo ejercieran, pero no fue en creación de infraestructura. Al final, el rendimiento escolar no aumentó y los recursos se tuvieron que recentralizar. Sólo estaríamos desconcentrando el gasto, pero los programas antipobreza no van a cambiar” ni a mejorarse.

Además de la posibilidad de que los gobernadores den uso electoral a los programas a su cargo, señaló el académico, también podrían surgir conflictos legales si no se realizan las modificaciones necesarias para que sean los estados los que manejen los recursos que hoy controla el Ejecutivo federal.

De acuerdo con las reglas de operación 2021 de esquemas como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y Sembrando Vida, ambos programas son manejados por la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios y la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional, respectivamente, los dos de la Secretaría de Bienestar.