Santiago. Quince diputados representantes de toda la oposición en el Parlamento de Chile concretaron ayer una acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, con la intención de destituirlo por infringir abiertamente la Constitución y las leyes en materia de probidad y por comprometer gravemente el honor de la nación.

El juicio político a Piñera es, en principio, resultado directo de las revelaciones de los Papeles de Pandora, donde él y su familia figuran, durante su primer gobierno en 2010, acordando la venta en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes de 33 por ciento de acciones de un proyecto minero a condición de que la zona donde se instalaría la mina no fuera declarada zona protegida, algo que, efectivamente, no sucedió.

Pero también es el corolario del eterno historial de conflictos de intereses y de negocios opacos de Piñera, multimillonario especulador obsesionado con realizar pasadas bursátiles y financieras que le reporten ganancias de corto plazo, hasta convertirlo en la cuarta fortuna del país con una riqueza de 2 mil 900 millones de dólares en 2021.

Ese permanente entremezclar dinero y política, accediendo a información privilegiada como miembro del directorio de empresas para ordenar la compra de acciones, o bien abusando de su posición como senador para negociar la venta de sus participaciones a precio preferente, fue expuesto en el escrito acusatorio.

Lo que ocupa nuestra atención no es un error puntual o, incluso, un acto aislado de codicia o aprovechamiento del poder para beneficio propio. No, se trata de una conducta que acompaña a Piñera desde siempre, conocida por todos, y que ha perjudicado a muchos compatriotas o al país entero, indica el texto.

La destitución es impulsada por los partidos Comunista, Demócrata Cristiano, Radical, Socialista, Por la Democracia, Nuevo Trato, Frente Regionalista Verde Social, Comunes, Revolución Democrática, Convergencia Social, Humanista, Acción Humanista, Movimiento Unir y Ecologistas.

Su aprobación requiere los votos de 78 de los 155 diputados. La oposición e independientes suman 82; pero incluso seis legisladores del oficialismo dijeron que considerarán apoyarla. Si se acepta, de inmediato el gobernante quedará suspendido del cargo, a la espera de que el Senado la refrende o no, donde se necesitan 29 de 43 senadores. Aquí la oposición e independientes suman sólo 24.

Solución antes de los comicios

La acusación podría resolverse en la Cámara de Diputados antes del 21 de noviembre, cuando tendrán lugar los comicios presidenciales y legislativos.

No es el único problema de Piñera, porque relacionado con sus negocios en Islas Vírgenes, enfrenta una pesquisa judicial en calidad de imputado que comenzó de motu proprio el Ministerio Público, por eventuales delitos tributarios, cohecho y soborno.

La acusación manifiesta que el presidente burló la Constitución al cometer actos que vulneran la probidad y el derecho a vivir libre de contaminación.

Intenta eludir el cumplimiento de los deberes constitucionales, toda vez que las circunstancias fácticas descritas dan cuenta de una intención sostenida de favorecer, a través del uso de facultades que entrega el ordenamiento jurídico, a cierto grupo de interés, ligado de forma íntima al primer mandatario. Eso se aleja de la idea de una conducta intachable y recta o el actuar con preeminencia del interés general por sobre el particular.

También señala que comprometió el honor de la nación al incumplir obligaciones jurídicas internacionales, citando el Acuerdo de Escazú, que fue desestimado por el presidente como una manifestación del estatus intocable en regulación ambiental; lo mismo que las reglas de la Convención Interamericana contra la corrupción, en materia de prevención de conflictos de intereses y la desoladora imagen del país en el contexto de los Papeles de Pandora.

Lo anterior produjo la deslegitimación del ejercicio del poder del presidente producto de sus actuaciones que confunden los intereses personales con los del país, afecta y daña de manera muy significativa la seguridad interna y externa de Chile.

Piñera –quien alega que entregó la administración de su riqueza a dos fideicomisos ciegos que ni le consultan ni informan de sus negocios– registra en su historial una sanción de la Superintendencia de Valores por adquirir 3 millones de acciones de LAN Airlines en 2006, justo después de conocer reservadamente los estados financieros. O invertir, en 2010 durante su primera presidencia a través de un paraíso fiscal, en una pesquera peruana en pleno pleito en la Corte Internacional de Justicia entre Chile y Perú por los límites marítimos, juicio que favoreció a la parte peruana, que amplió en 20 mil kilómetros cuadrados su mar territorial.