A ocho años de que un juzgado estableció la moratoria del cultivo de maíz transgénico en el país, este miércoles se prevé que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determine si continúa o no, una vez que nuevamente fue listado para resolverse.

Néstor López Espinoza, miembro del equipo jurídico de la colectividad del maíz, consideró que es una buena oportunidad para sentar las bases de una política que defienda la diversidad biológica, así como la protección de la salud de la población.

El proyecto había sido listado el pasado Día Nacional del Maíz, el 29 de septiembre, pero se aplazó la discusión.

Se trata del amparo 1023/2019, promovido por las empresas PHI-México, Monsanto y otras dedicadas a los transgénicos.

La ministra ponente, Norma Lucía Piña, estudió los nuevos argumentos presentados por la Semarnat y en su proyecto plantea mantener la prohibición para el cultivo de transgénicos, aunque establece que en estos casos el juez siempre debe fundamentar jurídicamente su decisión.

En el litigio de la demanda de acción colectiva, que comenzó desde 2013, el sector privado y las secretarías de Medio Ambiente y Agricultura han presentado alrededor de 150 recursos jurídicos contra la medida precautoria.

López Espinoza detalló que en este largo juicio las empresas han recurrido a trucos poco éticos, por ejemplo, presentar como pruebas estudios científicos publicados en inglés, pero con traducciones en español donde no se incluyen los párrafos que evidencian el riesgo de los transgénicos.

Explicó que el proyecto de la ministra Piña se basa en establecer que estamos en un sistema de derechos, donde los intereses legítimos de una empresa no pueden sobreponerse a los de la mayoría de los ciudadanos.

Agrupaciones de la colectividad del maíz, que presentaron la acción de demanda colectiva en contra de la siembra del cultivo de maíz transgénico, consideraron la decisión de gran trascendencia para el país.

Indicaron que la SCJN tiene la oportunidad de ratificar las medidas que han evitado la siembra de maíz transgénico y atender los derechos de los pueblos originarios y de las comunidades campesinas en la defensa de su herencia histórica, así como del patrimonio biocultural.

Por su parte, la asociación Protección de Cultivos, Ciencia y Tecnología (Proccyt), que agrupa al sector privado, en un comunicado dijo que se han perdido años de discusiones ya superadas a nivel mundial y aseguró que la prohibición de liberar maíz transgénico en fase comercial atenta contra la Ley de Bioseguridad.