Chihuahua, Chih., Los gobernadores rarámuris de Bosques San Elías Repechique, municipio de Bocoyna, y Mogótavo, municipio de Urique, enfrentan procesos penales que iniciaron el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado (FGE) por denuncias de despojo que interpusieron mestizos y empresarios de bienes raíces, quienes se ostentan como dueños del territorio ancestral de ambas comunidades, en una disputa porque los indígenas construyeron viviendas y un taller de costura en predios aledaños al Parque Nacional Barrancas del Cobre y al pueblo turístico de Creel.

Un juzgado de control del Tribunal Superior de Justicia, en Ciudad Cuauhtémoc, citó a la autoridad de Bosques San Elías a una audiencia de imputación de cargos por presunto despojo agravado el 4 de octubre pasado, y mantiene abierta la causa penal 143/2021, a solicitud de los empresarios inmobiliarios contra 16 habitantes de Mogótavo, a quienes acusan de edificar casas en un terreno que aseguran les pertenece porque lo compraron en más de 2 millones de dólares a Odile Sandoval en 2008 para convertir la zona en un desarrollo turístico.

La Red de Defensa Tarahumara AC informó que la audiencia programada para que el gobernador de Bosques de San Elías compareciera fue cancelada pues el Ministerio Público se desistió, pero la acción no fue comunicada a los acusados, por lo que se trasladaron a Cuauh-témoc. El diputado local priísta Omar Bazán y los empresarios Ricardo Orviz, Agustín López, Jesús Cano y Ricardo Valles, pretenden desalojar por la vía penal a la comunidad de Mogótavo, en la zona de Divisadero Barrancas, municipio de Urique.

Mogótavo, donde habitan unas 300 personas ha intentado regularizar su territorio desde los años 80, pero en lugar de que se les reconozca como de su propiedad, la autoridad agraria favoreció a la familia Sandoval otorgándole el título definitivo.

Bazán y los hombres de negocios citados pretenden incluso desalojar la escuela-albergue, la iglesia y el panteón. Los indígenas de Bosques de San Elías denunciaron acoso de la FGE y cerca de 50 mujeres, hombres, niños y niñas rarámuris fueron detenidos el año pasado por agentes ministeriales y de la Policía Estatal.

En agosto de 2020 los obligaron a caminar dos horas de Bosques de San Elías al MP, en Creel, escoltados por patrullas, acusados de romper sellos de clausura que la fiscalía colocó en obras del taller de costura Bowe Najativo. En Bosques residen 403 personas, pero quienes ejercen el derecho de posesión ante el Registro Agrario Nacional son propietarios mestizos, quienes nunca han vivido ahí.