Para diciembre, autoridades de México y Estados Unidos elaborarán el borrador del plan anual como parte de la nueva estrategia de seguridad binacional México-Estados Unidos, denominada Entendimiento Bicentenario, y que contempla la integración de mecanismos de cooperación que involucrarán a autoridades de alto nivel, informó el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía Berdeja.

En entrevista con La Jornada, el funcionario señaló que el nuevo acuerdo de cooperación –que sustituye a la Iniciativa Mérida–, plantea la puesta en marcha de acciones, de manera concreta en materia de combate al consumo y tráfico de drogas y los daños asociados a ello; un Programa de Control de Contenedores Portuarios, y la creación de un grupo binacional de trabajos sobre regulación de precursores químicos.

Asimismo, el desarrollo de trabajos conjuntos con el fin de impulsar la identificación forense, para casos relacionados con las denuncias de personas reportadas como desaparecidas.

En este acuerdo se pasó de la asistencia, supervisión y reproche a acciones bilaterales, afirmó el subsecretario.

Entre los puntos a desarrollar se encuentra la creación de un comité binacional que establezca las regiones consideradas estratégicas de combate al tráfico de drogas, aunque en este caso se trabajará con un esquema de alta compartición de inteligencia y respeto a la soberanía de ambas naciones, explicó Mejía Berdeja.

De igual manera, se crearán comisiones binacionales de trabajo en materia de ciberseguridad y combate al lavado de dinero y a facilitadores del tráfico de precursores químicos, por ello se incrementarán las acciones de revisión de los contenedores que arriban vía marítima y también de las operaciones que se realizan por conducto de empresas de paquetería.

Las nuevas acciones se encaminarán a la desestructuración de las redes de cobijo social que han establecido los grupos delictivos y con ello evitar la cooptación de jóvenes.

En ese contexto, una vez que en diciembre esté definido el plan piloto, las autoridades y grupos de trabajo definirán las acciones y la manera en que se apoyará el fortalecimiento de capacidades para enfrentar de manera binacional a los grupos delictivos, con el reconocimiento de los efectos que tienen las actividades ilícitas para las sociedades de ambas naciones.