El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, una de las organizaciones que acompaña en la representación jurídica a los familiares de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, señaló que como integrantes de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, no participaron en la decisión de publicar los reportes del Estado Mayor de la Defensa Nacional, relacionados con conversaciones entre autoridades municipales y líderes de Guerreros Unidos.

Calificó como riesgos que se difunda así información sobre una investigación en curso ya que puede comprometer el éxito de la misma.

No obstante, señaló que con lo dado a conocer ayer se confirma que el Ejército ocultó información desde 2014 y que siguió administrándola después de que, por decreto presidencial, se le impusiera en diciembre de 2018 la obligación de entregar a las autoridades civiles todos los elementos que tuviera sobre el particular.

A través de redes sociales, destacó que dada la opacidad castrense no puede descartarse que exista más información en su poder.

De igual manera, el Centro Prodh resaltó que ante la posibilidad de que las conversaciones que se difundieron ayer se trate de intervenciones ilegales de comunicación llevadas a cabo por el Ejército, se debe aclarar cabalmente el origen de las mismas.