El Consejo Técnico de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México manifestó su profunda preocupación y desacuerdo ante el ambiente de persecución que se ha desatado hacia el sector académico del país y, sobre todo, hacia los 31 investigadores acusados por la Fiscalía General de la República de delincuencia organizada.

En un pronunciamiento público, señaló que ningún sector social debe estar al margen de la aplicación de las leyes y, si alguna persona tiene deudas con la justicia, es menester que las autoridades correspondientes atiendan su alto encargo en el marco del derecho.

Toca al Poder Judicial determinar la procedencia de las acusaciones. En tal sentido, la culpabilización a priori de las académicas y académicos contraviene el marco jurídico nacional y genera un clima de persecución y desconfianza, alterando la estabilidad que requiere el trabajo científico de la nación.”

Por su parte, el rector de la Universidad Veracruzana, Martín Gerardo Aguilar, consideró que acusar de delincuencia organizada a los 31 investigadores del Foro Consultivo Científico y Tecnológico del Conacyt, a quienes la Fiscalía General de la República atribuye ejercer más de 200 millones de pesos durante la administración de Enrique Peña Nieto, implica criminalizarlos antes de que concluyan las respectivas pesquisas.

Hacer acusaciones de delincuencia organizada no me parece que sea adecuado ni sano, agregó. Asimismo, consideró que se debe investigar, seguir el procedimiento y determinar qué ha pasado, y ahí se verá si hubo o no mal uso de recursos, cómo se hicieron y de qué característica fueron.