s una incongruencia grave que el Fiscal General de la República, llegado a ese cargo en el contexto de la llamada Cuarta Transformación, esté tachonando líneas del expediente de los desaparecidos normalistas de Ayotzinapa que corresponden a la participación de militares (soldados, informantes y mandos, cuando menos en Guerrero).

Esa muestra de encubrimiento del poder castrense no se dio en esa magnitud durante la administración de Enrique Peña Nieto (¡y vaya que se encubrió cuanto fue posible en materia verde olivo!), pero ahora se encuadra en una propensión a la opacidad en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y, en particular, en el contexto de la incomodidad que en el propio Palacio Nacional se experimenta cuando se toca el tema de la responsabilidad militar en el caso de los 43, según lo ha señalado abiertamente Vidulfo Rosales, el abogado de los familiares de esos estudiantes ausentes.

El periodista independiente Silber Meza solicitó una versión pública de la información relacionada con declaraciones de militares en lo que va de la presente administración federal, pero la FGR se negó, luego de lo cual se consiguió que el INAI ordenara a la fiscalía la entrega de ese material, lo cual finalmente hizo la FGR, pero con páginas y páginas oscurecidas en la gran mayoría de sus líneas, hasta dejar tal información y transparencia convertidas en una ilegible confesión tragicómica de protección al poder cuartelario.

Tal comportamiento, cuya responsabilidad es de Alejandro Gertz Manero, se produce por encima de las muestras personales de empuje en busca de verdad y justicia que en este caso ha hecho el Presidente de la República (en El Universal se publicó el reportaje de Meza, con una síntesis en video https://bit.ly/3unrraF y aparte hay una entrevista con el reportero, https://bit.ly/3F1BuHt).

Otro tema crítico para el titular de la FGR se relaciona con la solicitud de órdenes de aprehensión contra 31 administradores y beneficiarios de fondos públicos por medio de una asociación civil (Foro Consultivo Científico y Tecnológico), relacionado todo con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), pertenecientes dichos administradores y beneficiarios a la comunidad científica del país.

Es probable que el revuelo causado lleve a la FGR a replantear los términos de las acusaciones, sobre todo en cuanto a la pretensión de que los presuntos delincuentes organizados lleven su proceso desde una cárcel de alta seguridad, pero el manejo tan deficiente en lo comunicacional y lo jurídico ha convertido una acusación, atendible y necesaria en relación con los abusos y corruptelas de lo que el periodista Ricardo Balderas, de PODER, ha titulado La mafia de la ciencia, (https://bit.ly/3mb8V1C), en una pieza más de la ácida discusión pública sobre objetivos y logros o pifias del gobierno federal y no sólo de la fiscalía, alcanzando incluso el entorno familiar de la gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

En otro tema: el Presidente de México fijó el próximo 3 de octubre como fecha para conocer el resultado de un diálogo que instruyó se realizara en La Laguna para decidir si se avanza en el proyecto Agua Saludable, rechazado por ambientalistas regionales, tanto por afectaciones directas a zonas de necesaria protección ecológica como por ser una medida insuficiente, mientras grandes empresas que han explotado impunemente los mantos acuíferos (la lechera LaLa, en primer lugar) continúan con la depredación.

Ha informado el propio Presidente que no será este 3, sino a mediados de octubre, el desenlace del presunto diálogo (mesas informativas, es lo que promueve la Conagua, decidido ya que el proyecto se realizará): Tengo pendiente lo de La Laguna, que había yo acordado ir antes. Pero se nos juntan todas estas festividades, las conmemoraciones. Y luego tengo que ir a Baja California y tengo compromisos también, pero sí voy a ir a La Laguna. ¡Hasta mañana!

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