Punto de inflexión que marcó el sexenio anterior, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa cumple siete años de que fue perpetrada, con una herencia que contiene mayores interrogantes que dudas despejadas. El viraje gubernamental para esclarecerlo precipitó el derrumbe de la verdad histórica construida, pero ahora enfrenta aún un déficit de resultados por errores del pasado: 77 detenidos liberados por faltas al debido proceso; tortura de detenidos; el principal responsable de la investigación, Tomás Zerón, prófugo, así como 40 órdenes de aprehensión sin cumplimentar.

Definido por el presidente Andrés Manuel López Obrador como un asunto de Estado para propiciar la colaboración institucional en su esclarecimiento, la ruta trazada por la actual administración enfrenta los escollos derivados de las investigaciones realizadas por la entonces Procuraduría General de la República. En mayo de 2018, el informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU-DH) anticipaba las inconsistencias e ilegalidades cometidas en la indagatoria: diligencias desapegadas al debido proceso y tortura a detenidos que cobrarían factura al paso del tiempo.

Prioridad del nuevo gobierno, el esclarecimiento de la desaparición, inició con el decreto el 3 de diciembre de 2018 para la creación de la Comisión de la Verdad con el ofrecimiento de que no habría impunidad. El 15 de enero de 2019 quedó instalada con la participación, por la parte gubernamental, de representantes de las secretarías de Gobernación y Hacienda; en tanto que, de parte de las víctimas, padres de los desaparecidos y su representación jurídica. El 6 de junio de 2019 se designó al fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo.

A partir de entonces, con la presencia del presidente López Obrador, se han efectuado 15 reuniones de evaluación sobre los avances en las investigaciones en Palacio Nacional; se han llevado a cabo 53 acciones de búsqueda en ocho municipios de Guerrero, para realizar mapas de rastreo sobre la posible ubicación de los desaparecidos, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR).

Se han liberado al menos 120 órdenes de aprehensión, entre ellas dos en contra del ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón (la última el 21 de abril pasado), principal responsable de la investigación original, quien se encuentra prófugo en Israel. Las gestiones conjuntas de la FGR y la cancillería han sido infructuosas para extraditarlo, todo ello en un contexto en que el nuevo gobierno determinó, el 26 de septiembre de 2020, que la denominada verdad histórica se ha desmoronado, porque fue construida a partir de torturas de los detenidos y diligencias ilegales.

Avances y retrocesos en nuevas pesquisas

En noviembre pasado, las investigaciones derivaron en la aprehensión del primer militar: el capitán José Martínez Crespo fue detenido por su presunta vinculación con el caso.

El 15 de junio de 2021 se anunció la identificación de los restos óseos de Jhosivani Guerrero de la Cruz, otro de los estudiantes normalistas. Este hallazgo se une al de Christian Alfonso Rodríguez en junio de 2020. Con ello, son tres los normalistas identificados, pues en 2014 se conoció el primer caso, Alexander Mora.

En contraste con los avances, en este periodo se han registrado retrocesos: en septiembre de 2019 se registró un severo revés: 53 de los 142 presuntos responsables fueron liberados, entre ellos Gildardo López Astudillo, alias El Gil, presunto jefe de plaza de Guerreros Unidos. Días después, otros 24 policías obtuvieron la libertad. Las razones: 48 detenciones ilegales por falsa flagrancia, más 22 por haber sido ordenadas de forma irregular, entre otras, y 29 casos de tortura.