Morelia, Mich., El defensor del presunto homicida de la educadora Jessica González Villaseñor logró suspender temporalmente el proceso penal contra su cliente, al presentar dos amparos ante la justicia federal, denunciaron familiares de la joven asesinada hace un año. Se inconformaron ante esta situación porque aseguran que está probado que Diego Urik N fue quien ultimó a golpes a la mujer, que entonces contaba con 21 años.

La fiscal estatal de Investigación del Delito Doloso Contra la Mujer y Feminicidio, Verónica Guzmán, indicó que en este caso hay tres personas imputadas por encubrimiento y se han recabado pruebas para obtener una sentencia condenatoria de 50 años por el delito de feminicidio en contra de Diego, de 19 años.

La suspensión del proceso penal por tiempo indefinido deberá ser resuelta por instancias federales, pues fue por esa vía que se interpusieron los recursos jurídicos.

Ya se cumplió un año y la justicia es cada vez más lejana; las posibilidades de que el asesino salga libre son muchas, porque las autoridades se han preocupado más por los derechos del agresor que de la víctima, reclamó Cristo González, hermano de Jessica.

Añadió que la familia del joven es adinerada y con influencia política, por lo que nos preocupa que la defensa obtenga un juicio abreviado para reducir al máximo la condena que podría ser entre 15 y 20 años de cárcel.

Los restos de Jessica fueron localizados el 25 de septiembre de 2020, cerca del fraccionamiento Montaña Monarca, al sur de Morelia, a cuatro días de haber sido asesinada.

La última persona con la que tuvo contacto la educadora fue con Diego, el 21 de septiembre de ese mismo año, y al día siguiente fue encontrado su celular en la tenencia de Atécuaro, donde tenía su domicilio el padre del presunto delincuente.

Según la fiscalía estatal, Diego huyó luego de cometer el crimen e incluso una amiga suya lo acompañó a lavar el auto que usó, que era de su papá, y a esconder el arma que utilizó para golpear a Jessica; el 30 de septiembre fue detenido en Jalisco.

Ayer por la tarde, unas 300 personas, entre ellas familiares y activistas, proyectaron en el edificio de palacio de gobierno imágenes de la maestra, colocaron mantas y plasmaron sus manos con pintura roja para exigir justicia.