unque parecen pocos los indicios de que algo como lo que le vamos a contar fuera una idea consolidada por parte del gobierno de la 4T, la necesidad de crear una instancia cuyo objetivo único sea llevar paz a los lugares donde la violencia parecería haber echado raíces, suena cada vez más lógica.

La idea, que de alguna manera ya se opera desde algunas instancias de gobierno, como la secretaría de Bienestar o la de Seguridad Ciudadana, parece requerir ahora de una dependencia que conjugue esfuerzos y construya las políticas de pacificación que, como decíamos, urgen en el país.

La ya anunciada incorporación de la Guardia Nacional al Ejército seguramente deberá cambiar el rostro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que debería establecer un nuevo perfil de servicio para combatir los males que tanto preocupan. Está dicho: a la violencia no se le combate sólo con más violencia.

Por su lado, la Secretaría de Bienestar deberá también reconstruir todo o parte de su programa de trabajo original para encajar en las labores de pacificación que tendrían que incluir en el perfil que se proyecte desde una dependencia que abrigue el trabajo de ambas.

Está claro que los motivos de la violencia tienen que ver, en casi todo o en mucho, con la situación social de quienes la ejercen. Cambiar el destino de los que no tienen opción de vida porque desde las esferas de gobierno no se les ofrece ni trabajo ni escuela –deber gubernamental–, sería la obra más importante.

Entonces, buscar las formas de crear una especie de ariete entre la policía federal y algunas partes encargadas de los programas sociales para convertirlos en instrumentos de prevención no parecería tan descabellado. En el gobierno, el proyecto operativo de la 4T tendría, además, un piso sólido por donde transitarían de todas formas las ideas de transformación que se ha planteado la administración.

Los índices actuales que muestran cierta disminución en algunos delitos de alto impacto deben ser perfectamente bien identificados. ¿Cuántos de los no cometidos se deben a la limitación que ha impuesto la pandemia? ¿Cuántos del total de esa reducción tienen que ver con las estrategias de prevención que ha puesto en marcha el gobierno? Del conjunto de estos dos factores, ¿cuánto han influido en las cifras a la baja que se han mostrado?

Tener los datos ciertos y separados en estos renglones ayudaría mucho a ganar confianza y poner ejemplos de que sí se puede vivir en un país con mucho menos violencia. Vamos a ver.

De pasadita

Será para el próximo año cuando se presente, para América Latina –pero que podría servir para todo el mundo– un plan que alivie la crisis de migración que se vive en casi todo el planeta.

Un grupo de expertos de muy alto nivel y de varias naciones ya trabajan en un proyecto inicial que tendría como base las propuestas del presidente López Obrador, es decir, crear opciones de ocupación –empleo y estudio, entre otros–, en los países expulsores a partir de la colaboración de las comunidades afectadas y, desde luego, de las entidades solidarias.

Al parecer todos, o casi todos los países de la región, han mostrado interés en el proyecto y, aunque pudiera haber alguna resistencia, el tamaño de la crisis y la escasísimas propuestas para aliviar el problema han abierto las puertas para resolver, antes que nada, la urgencia.

Pasamos a otro tema. Miguel Ángel Vásquez no será el Emilio Lozoya de la Fiscalía General de Justicia de la ciudad y por eso se le concedió, por el momento, la prisión domiciliaria. Dicen que dirá adónde fue a parar el dineral que manejó, pero nosotros creemos que es un grave error de la autoridad. Vásquez no va a declarar en contra de sí mismo, eso les debería quedar muy claro, pero ya veremos en qué para la apuesta de la Fiscalía.