Monterrey, NL., El Congreso local acordó interponer ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado una controversia contra el gobierno del Nuevo León por considerar que invadió áreas de su competencia al emitir un decreto mediante el cual se autoriza construir viviendas cerca de las pedreras.

El lunes pasado, el Diario Oficial del Estado publicó un acuerdo sobre una nueva delimitación geográfica para desarrollos inmobiliarios en zonas aledañas a los bancos de piedra. El documento está firmado por los secretarios de Gobierno, Enrique Torres, y de Desarrollo Sustentable, Manuel Vital, cuando faltan menos de tres semanas para concluir la administración de Jaime Rodríguez Calderón.

El diputado Raúl Lozano Caballero, del Partido Verde Ecologista de México, presentó una propuesta de impugnación, que fue aprobada por unanimidad y prevé un plazo de 10 días para que la dirección jurídica del Legislativo analice el decreto y determine si hay elementos suficientes para dar cauce a la demanda.“Este acuerdo –señaló Lozano Caballero– lo hicieron a la mala y sin estudios que justifiquen la disminución de la zona de amortiguamiento y reserva, además de que se brincaron toda la normatividad vigente en materia de desarrollo urbano”.

El legislador dijo que el artículo 23 de la Constitución local estipula que el estado, en concurrencia con los municipios, deberá participar en la planeación y regulación de las zonas conurbadas, mientras la Ley de Asentamientos Humanos del Estado plantea coordinación.

Además, el artículo 8 de la Ley de Asentamientos faculta al Congreso a expedir normas en materia de desarrollo urbano. Sin embargo, dijo, el Ejecutivo expidió un decreto que modifica unilateralmente los límites de zonas urbanizables y ordena de forma discrecional adecuaciones a los planes de desarrollo urbano estatales y municipales, sin anuencia de los ayuntamientos ni del Legislativo. También tomó como base para emitir el acuerdo la Ley de Desarrollo Urbano que está abrogada.

Al utilizar un marco legal no vigente emitió una regulación en materia de asentamientos humanos y desarrollo urbano, cuando esta facultad es exclusiva del Congreso del estado, señaló.