as dos visiones históricas antagónicas sobre la integración americana, aquella que abraza a la Doctrina Monroe de 1823, y su derivación, el panamericanismo de cuño estadunidense, y la que impulsa el bolivarismo, el unionismo y el multilateralismo con apego a los principios de las cartas fundacionales de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA), volvieron a enfrentarse en México el 18 de septiembre durante la sexta Cumbre de Presidentes y Jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

En el marco de una reconfiguración geopolítica marcada por la irrupción de China y Rusia como actores que desafían al hegemón del sistema capitalista mundial (Estados Unidos), y autoexcluidos por decisión propia los tres países más alineados con Washington: Brasil, Colombia y Chile, correspondió a los presidentes oligárquicos y neoliberales de Paraguay y Uruguay, Mario Abdo y Luis Lacalle, respectivamente, introducir en el seno de lo que debió ser una cumbre pragmática y desideologizada –un diálogo entre mandatarios con posiciones políticas diversas como habían acordado los cancilleres de los 33 países participantes−, la retórica de la guerra fría impulsada por la Casa Blanca, sintetizada por los aparatos de propaganda del imperio y sus repetidores locales en la falsa contradicción democracia vs dictadura.

Fieles a las posiciones de fuerza −unila­terales, extraterritoriales y al margen del derecho internacional− de sucesivas ad­ministraciones de la Casa Blanca, Abdo descalificó la presencia en la cumbre del presidente constitucional y legítimo de Ve­nezuela, Nicolás Maduro, y el uruguayo Lacalle expresó su preocupación por lo que ocurre en Cuba, Nicaragua y Venezue­la.

Al margen de esa escaramuza descortés y grosera de cara al anfitrión: el presiden­te Andrés Manuel López Obrador, la De­claración de la Ciudad de México resalta el papel de la Celac como mecanismo de concertación, unidad y diálogo político que incluye a los 33 países de América Latina y el Caribe, sobre la base de “los lazos históricos, los principios y valores compartidos […] la confianza recíproca, el respeto a las diferencias, la necesidad de afrontar los retos comunes y avanzar en la unidad en la diversidad a partir del consenso regional”.

El punto 3 de la declaración reitera el compromiso con la construcción de un orden internacional más justo, inclusivo, equitativo y armónico, basado en el respeto al derecho internacional y los principios de la Carta de la ONU, entre ellos la igualdad soberana de los estados, la solución pacífica de controversias, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto a la integridad territorial y la no intervención en los asuntos internos de los estados. Reafirma el compromiso con la defensa de la soberanía y del derecho de todo Estado a construir su propio sistema político, libre de amenazas, agresiones y medidas coercitivas unilaterales.

El punto 4 reafirma que el proceso histórico de consolidación, preservación y el ejercicio pleno de la democracia en la región es irreversible, no admite interrupciones ni retrocesos y seguirá estando marcado por el respeto a los valores esenciales de la democracia. Reafirma el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; el respeto a las facultades constitucionales de los poderes del Estado y el diálogo constructivo entre los mismos; la celebración de elecciones libres, periódicas, transparentes, informadas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, la participación ciudadana, la justicia social y la igualdad.

En otra implícita alusión a Estados Unidos, el punto 20 reitera el rechazo a la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contrarias al derecho internacional, y reafirma el compromiso con la plena vigencia del derecho internacional, la solución pacífica de controversias y el principio de no intervención en los asuntos internos de los estados.

Otro punto significativo, que alude a las directrices de la guerra no convencional del Pentágono, al terrorismo de Estado y las acciones encubiertas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) es el 41, que expresa el profundo rechazo a todo acto de terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, sin importar sus motivaciones, financiamiento, lugar y persona que lo haya cometido; reafirma la necesidad de negar cobijo, libertad de operación, circulación y reclutamiento y apoyo financiero, material o político a grupos terroristas o a todo aquel que apoye o facilite la financiación, planificación o preparación de actos terroristas o participe o trate de participar en estas actividades, y en una alusión a la Colombia de Iván Duque y/o a un eventual dislate de Jair Bolsonaro, renueva el compromiso de adoptar las medidas prácticas que sean necesarias para que nuestros territorios no se utilicen para ubicar instalaciones terroristas o campamentos de adiestramiento ni para preparar u organizar actos terroristas contra otros Estados o sus ciudadanos o incitar a su comisión. Reitera el rechazo a la aplicación de medidas coercitivas unilaterales (sanciones) contrarias al derecho internacional, incluyendo las listas y certificaciones (de EU) que afectan países de América Latina y el Caribe.

El punto 42 reafirma el uso pacífico de las tecnologías de la información y la comunicación, e insta a la comunidad internacional (verbigracia, EU) evitar y abstenerse de actos unilaterales al margen de la Carta de la ONU, como aquellos que tienen como objetivo subvertir sociedades o crear situaciones con el potencial de fomentar conflictos entre estados.

En una declaración especial, la Celac instó al presidente Joe Biden a modificar sustancialmente la aplicación del bloqueo comercial, económico y financiero contra Cuba y al Congreso de EU a eliminarlo, y rechazó la ejecución de leyes y medidas extraterritoriales (como la Ley Torricelli) que atentan contra la soberanía e intereses de terceros países.

La discusión sobre el futuro de la injerencista OEA quedó para otra ocasión y la Celac resurgió como actor contrahegemónico.