Caracas. El gobierno de Nicolás Maduro acusó ayer a sectores aliados al opositor Juan Guaidó de intentar evadir los compromisos definidos en el memorando de entendimiento suscrito al comienzo de los diálogos que se realizan en México, el pasado 13 de agosto, que buscan superar la crisis política y económica en Venezuela, que dependen en buena parte de que se levanten las sanciones contra la nación caribeña.

Jorge Rodríguez, jefe de la delegación oficialista en los diálogos, alertó en un comunicado a los países acompañantes y a Noruega, que funge como facilitador de las negociaciones, de un supuesto intento de desconocer los acuerdos alcanzados, de producir un quiebre del proceso de diálogo y negociación en el que las partes buscan dejar atrás la crisis del país.

La suspensión de las sanciones económicas y el descongelamiento de los activos de Venezuela en el extranjero son algunos de los principales temas discutidos en México en septiembre. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tiene la última palabra para revertir esas medidas.

Entre los argumentos del gobierno bolivariano, el texto cita la reciente decisión de la Superintendencia de Sociedades de Colombia de asumir el control de la empresa Monómeros Colombo Venezolanos, filial de Pequiven, corporación del Estado venezolano a cargo de producir y comercializar petroquímicos.

A las justificaciones añadió la carta pública de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la cual afirma que podría autorizar la venta de acciones de Citgo Petroleum, filial estadunidense de la petrolera venezolana PDVSA, a partir de enero de 2022.

Estas acciones, más una serie de declaraciones vergonzosas y antinacionales de los partidos opositores Voluntad Popular y Primero Justicia, revelan la feroz pugna de grupos de intereses por el control de ambas empresas y la intención de desnacionalizar estos activos en violación de la constitución venezolana, según el documento.

Rodríguez señaló que no es sólo la conducta irresponsable de factores de la oposición sentados en Ciudad de México, sino la amenaza real que se cierne sobre el patrimonio, recursos y activos de Venezuela por parte de quienes (prevalidos del apoyo de Estados Unidos) asaltaron y saquearon empresas que le pertenecen a todo el pueblo venezolano.

En las conversaciones en México, el oficialismo exige el levantamiento de las sanciones impuestas por Estados Unidos y Europa a funcionarios e instituciones de su país, y el regreso de activos del exterior bajo control opositor. La delegación opositora plantea la necesidad de atender la crisis humanitaria que ha llevado al éxodo de millones.

La denuncia se produjo tres días después de que la Fiscalía General de Venezuela anunció la apertura de una nueva investigación contra Guaidó por delitos relacionados con la empresa Monómeros.

Ambas delegaciones tienen previsto una nueva reunión en México el próximo día 23. En días pasados se han acusado de intentar violar el plan firmado el 13 de agosto.

Ciberataque

El gobierno venezolano denunció ayer un ataque informático al sistema financiero nacional, específicamente contra la plataforma tecnológica del Banco de Venezuela, principal entidad bancaria del país.

En un comunicado emitido por la Vicepresidencia de Economía, el Ejecutivo bolivariano precisó que el sabotaje causó graves afectaciones a los usuarios de la institución, quienes estuvieron imposibilitados de hacer uso de los servicios, realizar operaciones y disponer de sus cuentas.