Washington. Un juez federal falló ayer que el gobierno de Estados Unidos debe dejar de utilizar una orden de salud pública para expulsar a migrantes con niños que son detenidos a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.

El juez Emmet Sullivan dio al gobierno dos semanas para detener una práctica que, según los opositores, es innecesaria y se basa indebidamente en la amenaza que representa el Covid-19 para privar a las personas de su derecho a solicitar asilo en Estados Unidos.

Sullivan concedió un interdicto preliminar en respuesta a una demanda presentada por la Unión Estadunidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) en nombre de las familias migrantes, y dijo que era probable que tuvieran éxito en su impugnación al uso de la ley de salud pública conocida como Título 42.

El presidente Joe Biden debió poner fin a esta política cruel y sin ley hace tiempo, y el tribunal ha hecho bien en rechazarla, sostuvo Omar Jadwat, director del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU.

El gobierno de Biden evaluaba ayer el fallo y no tenía comentarios inmediatos sobre si piensa apelar, indicó la agencia de noticias Ap.

Sin embargo, es probable que el gobierno, enfrentado a flujos migratorios inéditos en la frontera con México, apele la decisión.

Las autoridades estadunidenses arrestaron a más de 195 mil migrantes, entre ellos 18 mil 534 menores no acompañados, en la frontera con México sólo en agosto.