Integrantes del Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de Anáhuac solicitaron un amparo en los juzgados de distrito en materia administrativa del primer circuito contra las modificaciones a la norma 26 que aumentan la densificación en estas zonas y que impactará negativamente en los servicios urbanos.

Dichas reformas fueron aprobadas por el Congreso capitalino sin consultar previamente a la ciudadanía e incorporando la literal Z en los programas de desarrollo urbano, que significa lo que quepa en el predio, siempre y cuando las viviendas sean habitables.

Con ello se favorecerá a las inmobiliarias, que podrán construir sin problemas en los pueblos y barrios originarios al amparo de esta norma, aduciendo que se trata de vivienda social, popular y sustentable, señaló Alejandro Velázquez Zúñiga.

Las viviendas de entre 45 y 60 metros cuadrados podrían edificarse por igual en Tlalpan, Magdalena Contreras, Iztapalapa, Cuajimalpa, Xochimilco, Azcapotzalco o Álvaro Obregón, lo cual impactará en los servicios urbanos.

Las autoridades violaron el derecho a la consulta previa y existe preocupación por lo que pasó anteriormente, que se abusó de la norma en zonas que carecen de servicios de infraestructura básica, como agua y drenaje.

Ante ello, se interpuso el amparo ante esta instancia federal, donde se pidió la suspensión de la norma, y confiamos en que sea aceptado a más tardar la próxima semana, pero, en caso de rechazarlo, se presentará una queja ante un tribunal de circuito, adelantó.

El riesgo de un mercado negro inmobiliario es latente con la reactivación de esta norma, por lo que la autoridad omitió consultar a los pueblos y barrios originarios, quienes no permitiremos que se aplique, comentaron otros integrantes del frente.

Lamentaron que con el pretexto de reactivar la economía se impulsen leyes que van a impactar más en la ciudad, cuando todavía tenemos edificios dañados por el sismo de 2017, porque la Comisión de Reconstrucción no ha canalizado recursos para arreglarlos.

Además, no se van a vender edificios de interés social, sino condominios en zonas de riesgo en más de 3 millones de pesos y sin servicios urbanos, mismo problema que enfrentan más de 5 mil viviendas ubicadas frente a la estación Cerro de la Estrella del Metro, dijeron.