omo señalé el lunes pasado, la minería en México genera enormes utilidades a las empresas a las que el Estado les concesionó la explotación de nuestros ricos yacimientos de oro, plata, cobre, aluminio, cromo, níquel, plomo y zinc. También las mayores reservas de litio a escala mundial, que tiene enorme demanda y buscan acaparar las grandes potencias. Sin embargo, esa riqueza no ha beneficiado especialmente a las comunidades donde tienen su asiento los fundos mineros. Por el contrario, les genera pobreza, contaminación, daños a la salud y a los recursos naturales. Y especialmente al agua.

En el reciente número de La Jornada Ecológica, Manuel Llano y Dolores Rojas ilustran cómo la minería produce lixiviados y gases que se desprenden en los procesos de trituración, lavado y corrosión; y por los químicos utilizados para separar los minerales de las rocas que los contienen. En dichos procesos el agua se contamina. Algo muy grave, pues es una de las industrias que más la consume.

Durante 2014, se extrajeron en el país 6.8 millones de litros por segundo, pero las instancias oficiales se niegan a informar cuánta se concesiona a la minería. Para tener acceso al contenido del catastro minero se exigen pagos millonarios. Por su parte, la Secretaría de Economía mantiene reservados los datos sobre el volumen de los minerales que extrae cada empresa, y los impuestos que pagan.

Pero ambos investigadores encontraron 417 empresas concentradas en 230 grupos empresariales. Disponen de mil 36 títulos de aprovechamiento de agua, que amparan cerca de 437 millones de metros cúbicos anuales. Con esa cantidad se pueden cubrir las necesidades de la población de Baja California Sur, Colima, Campeche y Nayarit. La mitad del agua destinada a la minería se extrae en Sonora, Zacatecas y Michoacán. Las tres empresas mineras que más agua consumen utilizan 184 millones de metros cúbicos anuales, suficiente para atender la demanda anual de 1.3 millones de personas. No olvidemos que el líquido falta en millones de hogares.

Pero, además, la actividad minera afecta negativamente los manantiales y diversas fuentes de agua que sirven a las comunidades, pues se desecan o contaminan con tóxicos. Y por si fuera poco lo anterior, Leticia Merino y Miguel Soto, revelan a qué grado profundizan la desigualdad económica, social y política. Durante 2006-15, dichas empresas obtuvieron ingresos por 1 billón, 715 mil millones de pesos. En cambio, es nada lo que pagan a las comunidades dueñas de los territorios donde funcionan: 0.29 dólares por hectárea durante los primeros nueve años y 5.08 dólares por hectárea por el resto del tiempo de la concesión. En Zacatecas las empresas citadas reportaron en 2014 ganancias por casi 415 millones de dólares, pero los municipios de la entidad recibieron apenas 8 centavos por cada mil dólares de ganancia.

De las inmensas utilidades que obtienen, sólo aportan al gobierno federal 0.52 por ciento del conjunto de la recaudación fiscal. Pero se les devuelve más de 50 por ciento de los impuestos que pagan. Quedan en cambio los daños ambientales, sociales y a la salud que sufren las comunidades y las regiones mineras.

Otro dato nada alentador: más de la mitad de los trabajadores mineros están contratados bajo el sistema de outsourcing, negándoles así prestaciones básicas indispensables, habida cuenta los riesgos de accidentes y el daño a la salud que significa laborar en las minas.

El mito de que dicha actividad ayuda a superar la pobreza lo deshacen con datos precisos Aleida Azamar Alonso y Beatris Olivera Villa. Por ejemplo, los principales municipios productores de plata y oro en Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, Coahuila y el estado de México, registran niveles de pobreza y pobreza extrema que rebasan el promedio nacional.

En 17 de los 20 municipios con la mayor producción de plata, 43 por ciento de la población vive en condiciones de pobreza y 11 por ciento en extrema. Y en 18 de los 27 con la mayor extracción de oro, 40 por ciento de sus habitantes presentan situación de pobreza y 9 por ciento en extrema.

¿Hasta cuándo los poderes federal y legislativo permitirán el saqueo de una riqueza nacional tan importante como la minería? ¿Que no sea ya fuente de concentración de riqueza a costa de la desigualdad y marginación socioeconómica y el deterioro del ambiente?