Tapachula se ha vuelto una ciudad prisión para miles de migrantes indocumentados –la mayoría de origen centroamericano y haitiano–, a quienes la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración (INM) les impide avanzar hacia el resto del país o, en su defecto, los expulsa hacia Guatemala, en medio de un clima de violencia, discriminación y racismo.

Así lo advirtieron activistas e integrantes de organizaciones especializadas en el tema, quienes subrayaron que la solución a este fenómeno debe involucrar a los gobiernos de toda la región, en un esquema de cooperación integral y no estar basada en la criminalización de los trabajadores internacionales sin documentos.

Durante un foro virtual realizado ayer, Josué Castañeda, del Colectivo de Documentación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano, indicó que en Tapachula ocurre un desbordamiento del sistema de atención a migrantes y solicitantes de refugio, debido a que no se canalizan sus solicitudes en tiempo y forma.

Tapachula se ha vuelto una ciudad prisión para los solicitantes de refugio. Hay un inmenso flujo dehaitianos y centroamericanos, y ahora también venezolanos, cubanos y nicaragüenses, y no se les da una respuesta clara a sus solicitudes de regularización, usando al Covid como excusa para prolongar los trámites y cambiar el sistema de citas, explicó el activista.

Además, los solicitantes de refugio han denunciado que los agentes del INM y otros organismos gubernamentales los detienen y agreden sin razón alguna, incluso les rompen los documentos oficiales que algunos ya han obtenido cuando logran iniciar sus trámites o los expulsan hacia Guatemala.

“Es una cacería lo que se vive en Tapachula, y los agentes usan la táctica ‘sucia’ de detener primero a los menores, para que sus padres se entreguen voluntariamente. Todo esto es una bomba de tiempo, porque el flujo migratorio sigue y las caravanas no se detienen”, lamentó.

Alexandra Haas, directora ejecutiva de Oxfam México, señaló que el clima de violencia, discriminación y xenofobia afecta en particular a las mujeres haitianas, quienes junto con otros grupos de migrantes o solicitantes de refugio son sujetas de perfilamiento racial y prácticas discriminatorias, lo cual les impide acceder a servicios públicos elementales.

Betty Leger, haitiana solicitante de refugio, lamentó que en Tapachula prevalece un ambiente de racismo, particularmente contra la población afrodescendiente, en el cual muchos servidores públicos se burlan de nosotros, nos insultan por nuestro color de piel y tratan a nuestros hijos como basura.