Washington. El Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló ayer que no tolerará actos de violencia contra cualquier persona que trate de someterse a un procedimiento de interrupción del embarazo en Texas, al tiempo que los funcionarios federales exploran las opciones para impugnar una nueva ley estatal que prohíbe la mayoría de los abortos.

El secretario de Justicia, Merrick Garland, declaró que el departamento protegería a aquellos que busquen obtener o proporcionar servicios de salud reproductiva en virtud de una ley federal para el libre acceso a las clínicas.

Garland afirmó en un comunicado que los fiscales federales siguen explorando con urgencia las opciones para impugnar la ley de Texas. Agregó que el Departamento de Justicia implementaría la ley federal para proteger los derechos constitucionales de las mujeres y otras personas, incluido el acceso al aborto.

La ley federal prohíbe obstruir físicamente o utilizar la amenaza de la fuerza para intimidar o impedir que una persona acceda a servicios de salud reproductiva. La ley también prohíbe dañar la propiedad en las clínicas de aborto.

La nueva ley de Texas prohíbe la realización de abortos una vez que los médicos detecten el latido cardiaco fetal, lo que usualmente ocurre a las seis semanas de gestación, antes de que muchas mujeres se hayan percatado de que están embarazadas. Los tribunales han impedido que otros estados impongan restricciones similares, pero la ley de Texas es diferente porque deja la aplicación en manos de los ciudadanos a través de demandas en lugar de recurrir a los fiscales penales.

Los funcionarios del Departamento de Justicia también han estado en contacto con los fiscales federales de Texas y con las oficinas de campo de la FBI en el estado para discutir la implementación de las disposiciones federales.

El departamento brindará apoyo de las autoridades federales cuando una clínica de aborto o un centro de salud reproductiva esté bajo ataque, comentó Garland. No toleraremos la violencia contra quienes busquen obtener o prestar servicios de salud reproductiva, ni la obstrucción física o daños a la propiedad que violen la ley federal.