stá prevista para hoy una sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la que se deberá decidir si el máximo tribunal del país declara o no inconstitucional el artículo 196 del Código Penal de Coahuila, que sanciona con prisión de uno a tres años a las mujeres que aborten de manera voluntaria y a quienes les asistan.

El presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, se manifestó a favor de un reconocimiento sin medias tintas del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y agregó que no es el papel de la Corte juzgar la moralidad de la interrupción del embarazo, sino analizar si es válido o no condenar a prisión a quienes deciden practicarlo.

A consideración del ministro, el máximo tribunal debe asumir que de los artículos primero y cuarto de la Constitución se deriva el derecho al aborto.

Por su parte, el ministro ponente, Luis María Aguilar Morales, dijo que se trata de una discusión histórica, pues será la primera vez en América Latina que un tribunal constitucional se manifieste sobre el derecho humano de las mujeres a escoger sobre ser madre o no.

A su vez, la ministra Yasmín Esquivel Mo-ssa señaló que criminalizar la interrupción del embarazo sólo consigue que mueran más mujeres en abortos clandestinos efectuados en condiciones insalubres y por personas poco capacitadas.

Una mayoría de ocho de los 11 ministros se ha manifestado ya en favor de la medida y si esa mayoría calificada se mantiene, la determinación tendrá efectos generales, lo que en la práctica significa que anula en todo el territorio nacional la prohibición absoluta de abortar. El país asiste, pues, a un momento de gran trascendencia en el que puede plasmarse un avance sustancial en materia de los derechos de las mujeres.

Es inevitable suponer que en las próximas horas las fuerzas políticas y sociales retardatarias y conservadoras buscarán ejercer toda la presión posible para impedir este logro: las jerarquías eclesiásticas de diversos signos, los grupos antiaborto y los actores políticos que han obstaculizado desde siempre el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo ya empezaron a lanzar una campaña orientada a propiciar un cambio de opinión de los integrantes de la SCJN.

Cabe esperar que, frente a las expresiones del fanatismo y el dogmatismo acabe prevaleciendo la razón. No es justo ni civilizado que, a estas alturas, el marco legal del país continúe siendo rehén de posturas morales tan parciales como trasnochadas; es hora de que en su calidad de tribunal constitucional la Suprema Corte logre desterrar de las leyes tales posturas.

Debe asumirse de una vez por todas que decidir sobre el aborto, en tanto que dilema moral, corresponde única y exclusivamente a quienes se ven enfrentadas a tomar la decisión de interrumpir o no su embarazo, y que en ese terreno el Estado no tiene por qué tener injerencia alguna.

A las instituciones corresponde, en cambio, resolver problemas de salud pública, y las muertes y complicaciones por abortos clandestinos recae en ese ámbito.

En suma, si la Suprema Corte adopta hoy la decisión correcta, las mujeres de todo México habrán ganado en libertad, en derechos, en salud y en bienestar, como ya lo han conseguido las habitantes de la ciudad capital, las de Oaxaca, las de Veracruz y las de Hidalgo, entidades en las que el horror de los abortos clandestinos es ya, por fortuna, un amargo recuerdo del pasado.