Como parte de las acciones para combatir el desorden inmobiliario heredado por la administración anterior, el Gobierno de la Ciudad de México logró obtener 99 millones 812 mil 918 pesos por conceptos de adquisición de potencial, recuperación de adeudos y concesiones, los cuales están asociados a los sistemas de actuación por cooperación (SAC) de la zonas Granadas, Tacubaya y La Mexicana legados al actual gobierno, por lo que al cierre del año se recuperarán 146 millones 429 mil 72 pesos más.

El apartado de desarrollo urbano del tercer Informe de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, entregado al Congreso capitalino, refiere que los recursos recuperados se destinan al financiamiento de acciones de mejora en la infraestructura y el espacio público, así como a la construcción de vivienda social.

Destacó el caso del SAC Tacubaya, donde se patrocina la construcción de 185 viviendas para sustituir las que formaban parte de la ciudad perdida de esa zona para sus mismos ocupantes sin erogación alguna.

En el caso de los procedimientos de revocación y juicios de lesividad iniciados contra 48 de los 174 polígonos de actuación autorizados entre 2017 y 2018, se informa que 14 se aprobaron una vez que los promoventes hicieron las modificaciones necesarias para cumplir con la normatividad.

Destacó el juicio con el que se obtuvo la nulidad de autorización y orden de demolición para el inmueble ubicado en Paseo de los Laureles 278, en Lomas de Vista Hermosa, Cuajimalpa, donde se pretendía construir una torre de 34 niveles.

Refiere que en lo que va de esta administración se autorizaron 20 polígonos de actuación en 2020, otros 19 durante este año y anticipa que se autorizarán ocho más en los próximos meses, en tanto se concedieron en el último año cinco transferencias de potencialidades y se otorgarán dos más.

Hemos rencauzado los instrumentos de gestión urbana contenidos en los polígonos, transferencias de potencialidad y sistemas de actuación por cooperación para que, al mismo tiempo que permiten el aprovechamiento del potencial económico del territorio (lo que incrementa la altura, intensidad y relocalización de usos del suelo), cumplan con las obligaciones que hacen parte de los principios constitucionales relacionados con la función social de la propiedad, la vivienda como elemento central del ordenamiento territorial y la distribución equitativa de las cargas y beneficios del desarrollo urbano, señala el informe.