Lunes 30 de agosto de 2021, p. 32
El Gobierno de la Ciudad de México aclaró que las iniciativas de reforma que envió al Congreso capitalino a las leyes de Desarrollo Urbano y Vivienda, así como al Código Fiscal, tienen como propósito homogeneizar el valor de las viviendas de interés social, popular y sustentable, por lo que no establece ningún incremento a su precio.
Asimismo, subrayó que la suspensión de la Norma 26 para las constructoras privadas se mantiene vigente para evitar abusos; tampoco se prevén cambios en el uso de suelo para su construcción.
El objetivo de la reforma no es aumentar el costo de las viviendas, pues éste depende de los precios de los materiales, la mano de obra y el suelo. Tampoco se incrementa el número de niveles ni anula la suspensión de la Norma 26 para los desarrolladores privados
, expresó la Secretaría de Gobierno.
De lo que se trata, explicó, es homogeneizar el valor de las viviendas a la unidad de medida y actualización (UMA) vigente desde el 27 de enero de 2016 y establecer los mismos rangos de valor previstos en el Código Fiscal para las de interés social y popular.
Asimismo, lo que se busca es dar certeza jurídica a todos los participantes y beneficiarios en la promoción de la vivienda para los grupos populares por conducto de organismos como los institutos de Vivienda (Invi) capitalino y del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y que no se detenga o disminuya su ritmo de producción.
La dependencia recordó que actualmente el valor máximo de la vivienda sustentable, por ejemplo, se determina en 30 veces el salario mínimo anualizado, por lo que su valor máximo es de 1 millón 551 mil 615 pesos.
Dicho valor corresponde a 13 mil 314 veces la UMA, referencia que se plantea en la iniciativa de reforma, lo que significa, subrayó, que el importe no se incrementa, pero sí brindará la certeza jurídica necesaria a quienes la adquieran.
Sólo se plantea unificar la referencia del valor de las viviendas a la que ya hace el Código Fiscal, con lo que se brinda mayor certidumbre jurídica. Sólo se ajustan los valores de unidades de cuenta de la Ley de Vivienda y Salarios Mínimos de la Norma 26, a UMA
, reiteró la secretaría.