Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, reveló ante legisladores el hallazgo de familiares de altos funcionarios del sexenio pasado con gastos millonarios en tarjetas de crédito, e informó que no han sido congeladas las cuentas del ex candidato presidencial Ricardo Anaya, acusado de enriquecimiento ilícito y recibir sobornos por 6.8 millones de pesos. Se sigue trabajando en la investigación para actuar en consecuencia, indicó.

Por otra parte, el funcionario dijo que entregó información sobre Pío López Obrador y David León al Instituto Nacional Electoral y a la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales; serán estas instancias las que determinen si hubo alguna irregularidad electoral.

Señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador le ha dicho que si hay alguna irregularidad que hayan cometido sus hermanos, se haga del conocimiento de las autoridades competentes.

En cuanto al caso de los familiares mencionados, sólo dijo que uno de ellos es sobrino de una persona relevante del sexenio anterior, quien tenía gastados en dos años 70 millones de pesos en una tarjeta American Express y la esposa de otro alto funcionario que tenía más de 100 millones de pesos pagados también a esa tarjeta; sin embargo, por una omisión en la ley, no es posible investigar si se trata de recursos producto de la corrupción. Es algo que faltó prever al establecer el Sistema Nacional Anticorrupción, resaltó.

Al inicio de la presente administración, nuestro país se encontraba en el lugar 138 de 180 países analizados por Transparencia Internacional y hoy se ubica en la posición 124, pero es un problema que no ha terminado, porque la única manera de combatir la impunidad es llevar a los responsables ante los tribunales.

Planteó una serie de reformas en materia anticorrupción, entre ellas crear la Guardia Financiera, como mecanismo especializado, para llegar con los elementos de prueba que reduzcan tiempo a la judicialización y la carga al Ministerio Público.

En otro foro, comentó que los recursos asegurados como parte de las acciones encaminadas a evitar operaciones con recursos de procedencia ilícita ascienden a 6 mil 515 millones de pesos y los no reclamados deberían ser transferidos a la Tesorería de la Federación o al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

Durante esta administración se han bloqueado cuentas que en conjunto poseen 6 mil 515 millones 508 mil 357 pesos, 339 millones 694 mil 559 dólares y 18 mil 611 euros.