on acuerdos, algunos seguramente inconfesables, la mayor parte del pastel –es decir, de los organismos de gobierno del Congreso local– se han repartido entre las dos tribus dominantes: la de los Batres y quienes reciben órdenes desde Iztapalapa.

Aunque en este momento nadie hace cara de fuchi a lo que sucede porque todos esperan que algo les salpique, pero ya que las calabazas se acomoden en la carreta seguramente empezarán los diferendos que siempre llevan a rupturas y otra vez a reacomodos.

En manos de Valentina Batres quedó la Comisión de Presupuesto; su hermano, como es sabido, es el secretario de Gobierno de la ciudad, así que el conflicto de interés va a desbordar muchos ánimos que hoy se hallan tranquilos, pero que habrán de saltar llegado el momento.

Aunque el mejor argumento para permitir que muchos órganos de gobierno queden en manos de los Batres es impedir el avance de la oposición, esa concentración de poder podría hacer daño a los planes que se tengan desde la Jefatura de Gobierno.

Por ejemplo, Gerardo Villanueva, un muy viejo servidor de Martí, tendrá en las manos la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, y con ello los Batres extenderán su brazo hasta el Tribunal Superior de Justicia, donde tendrá que haber cambios y donde también se juega la posible relección de Rafael Guerra Álvarez, que es harina de otro costal, y podría no estar en los planes de la familia.

Por su lado, el sobrino de Ernestina Godoy, Carlos Cervantes, va a la Comisión de Transparencia. Ahí también habrá mucho quehacer porque los cambios en el Infocdmx deberán realizarse al concluir el mandato de algunos de los consejeros del organismo.

Pero todos estos son los acuerdos a que llegaron en la reunión que se efectuó el viernes pasado en la Secretaría de Gobierno, a la que asistieron 25 diputados, dos de los cuales Héctor Díaz Polanco y el mismo Carlos Cervantes se negaron a firmar y con ello dejaron en claro que las cosas no serán tan fáciles.

En estos días todo ha quedado en veremos. El lugar de José Luis Rodríguez, quien estaría a cargo de la coordinación política del Congreso, o cuando menos de la bancada de Morena, sigue en manos del Tribunal Electoral, que ha jurado venganza en contra de Morena por lo que el horizonte y los planes del organismo para el Congreso aún están comprometidos.

De pasadita

Por razones seguramente legales, el discurso en contra de los desarrolladores inmobiliarios se ha quedado en eso: discurso. Los constructores de vivienda marchan tranquilos en plena impunidad.

Uno de los casos que debe ser de mayor relevancia es el de la firma JSa, que encabeza el arquitecto Javier Sánchez. Retrasos en la entrega de obras, vicios ocultos por mala construcción, atención nula a los clientes y como resultado la quiebra de la empresa.

Pero vaya sorpresa se llevaron vecinos de la calle Veracruz, en la colonia Condesa, donde Sánchez ha hecho de las suyas: apareció un anuncio que asegura que él mismo, el de JSa, pretende construir un nuevo conjunto de departamentos.

El fraude al que este arquitecto y sus trabajadores someten a quien le compran, como dijimos, siguen impunes. Damos aviso desde aquí para quienes se topen con la marca sinvergüenza.

El asunto es que, dados los hechos, quien tenga que ver en el gobierno con las licencias de los que construyen deben frenar el accionar de este tipo de constructores que, desde la impunidad, burlan a la gente. Ya es hora de ir más allá del discurso.