Veinticinco años después de la privatización de Ferrocarriles Nacionales (Ferronales), su repercusión en el erario público continúa y el Estado mexicano deberá asumir por completo la responsabilidad para el pago de las pensiones de más de 22 mil pensionados de ese gremio, que tan sólo en el primer semestre de este año representó una erogación de mil 204 millones de pesos, así como otros 103 millones que se requirieron para indemnizar por fallecimiento a familiares de ex trabajadores del riel.

Además, deberá hacerse frente a miles de juicios laborales, penales y mercantiles y otras obligaciones medioambientales pendientes.

De acuerdo con el informe Avance del Proceso de Extinción de Ferronales que el Instituto Nacional para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) remitió a la Comisión Permanente, la falta de recursos presupuestales desde 2018 ha complicado que siga el proceso de desincorporación de Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación (FNML), que debió haber concluido este mes.

En el informe se precisa que, de acuerdo con el estudio actuarial, al 31 de diciembre de 2020 el Fideicomiso FerronalesJub acumulaba un déficit por casi 30 mil millones de pesos y se estima que concluya en 2081, cuando terminarán las obligaciones con los jubilados.

La carga para el gobierno federal es grande, ya que los recursos de ese fideicomiso con los que se pagan las pensiones desde hace varios años se cubren con dinero del ramo 19. Para este mes se tiene previsto que se transfieran a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes las obligaciones con los jubilados y pensionados ferrocarrileros, al igual que 3 mil 786 juicios laborales en contra de FNML, se atiendan las obligaciones ambientales y se rematen los activos remanentes de la empresa en liquidación.

Por lo que toca a los juicios, en el informe del Indep se precisa que desde la desincorporación de Ferronales y hasta fines de junio de 2021, se acumularon 34 mil 142 juicios de igual número de ex trabajadores ferrocarrileros en demanda de liquidación, pagos por ellas o incremento de las mismas.

Esto significa que de los más de 60 mil ferrocarrileros que quedaron sin empleo al privatizarse la empresa en el sexenio de Ernesto Zedillo, 50 por ciento quedó inconforme y acudió a la justicia laboral.

Hasta el momento se han concluido 30 mil 356 juicios, lo que significa un avance de 88.91 por ciento. Actualmente están en curso 3 mil 786 juicios, se tiene previsto que en 978 de ellos el fallo sea a favor de los trabajadores, por lo que se tiene previsto un gasto de 6 mil millones 477 mil pesos.

Se precisa que en el primer trimestre de este año concluyeron 116 juicios laborales en que se entregaron 495 millones 972 mil pesos en beneficio de 232 ex trabajadores y sus deudos. No se señala en el informe, pero se sabe que algunos casos se prolongaron hasta por 20 años, como el de 207 ex ferrocarrileros de Sonora, que en 2018 –tras dos décadas de litigio– obtuvieron 125 millones de pesos por indemnización.

Se detalla que de los casi 4 mil juicios laborales que enfrenta FNML, 189 se presentaron en este semestre. En general, el pasivo laboral exigible a ese organismo por laudos condenatorios pasó de 959 millones de pesos, en diciembre de 2020, a 998 millones 844 mil pesos. Eso significa que en seis meses se elevaron en 4 por ciento debido a la actualización de salarios caídos y pensiones jubilatorias.

En el informe se da cuenta de que se enfrentan 266 juicios penales y mercantiles, lo que representa un pasivo contingente de 4 mil millones 148 mil 918 pesos.

Por lo que toca al pasivo ambiental, FNML requiere más de mil millones de pesos a fin de remediar los daños a la naturaleza en 35 lugares.

El Indep hace notar que del total de inmuebles transferidos en este semestre se lograron vender 122, por lo que se obtuvieron 359 mil pesos. El organismo resalta que se encuentra con un déficit de recursos, ya que no se le ha entregado presupuesto desde 2018, situación que ha resultado crítica para continuar con el proceso de desincorporación.