El parque nacional Gogorrón, en San Luis Potosí, que cuenta con 38 mil hectáreas de bosques de pino y encino, está en riesgo debido a una sentencia judicial que echa abajo el decreto del programa de manejo, con lo cual se abre la posibilidad de que el mercado inmobiliario avance en el área, señalaron el Frente Amplio Opositor y Guardianes de la Sierra de San Miguelito.

Esta área protegida se estableció el 22 de septiembre de 1936, en los municipios Villa de Reyes y Santa María del Río. Cuenta con macizos forestales que contribuyen a la recarga de mantos acuíferos, indica el resumen del programa de manejo publicado el 8 de agosto de 2016 por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Agrega que en la región hay especies que se encuentran bajo protección especial, como la biznaga barril de acitrón. También hay fauna como el venado cola blanca, pecarí de collar, el pato mexicano y la culebra corredora constrictor. El parque cuenta con terrenos en 13 ejidos y las comunidades La Ventilla y Alberto Carrera Torres.

Las organizaciones explicaron que un año antes de que se publicó el programa de manejo, el 20 de agosto de 2015 se realizó una asamblea ejidal a fin de reconocer a un grupo de empresarios y familiares como avecindados del ejido Estancia de Machado, municipio de Villa de Reyes, al mismo tiempo les reconocieron derechos parcelarios y adquisición de dominio pleno en 642 hectáreas; pagaron en forma simbólica 10 pesos por metro cuadrado y están relacionados con la inmobiliaria Promociones Habi.

El resumen del programa de manejo se publicó después y el amparo 1214/2016 del juzgado sexto de distrito el 19 de octubre de 2017 ordena anularlo. Ante ello la Semarnat ha buscado revertir la sentencia, pero ahora ya tendría que publicar la anulación en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, hay una demanda de ejidatarios que plantea la nulidad de la asamblea de 2015.

El 10 de junio se emitió una sentencia que ordena a esa instancia resolver los actos derivados de la venta simulada, pero de esto no han informado a Semarnat, explicaron las organizaciones.