El coordinador de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), Andrés Ramírez Silva, pugnó ayer por que se apruebe la Ley General sobre Desplazamiento Forzado Interno que actualmente se encuentra en el Senado, después de ser avalada en la Cámara de Diputados en septiembre de 2020.

La minuta busca reconocer y garantizar los derechos de las personas desplazadas en el país. Establece atribuciones y el reparto de competencias entre la federación, estados, municipios y organismos autónomos. Asimismo, considera la creación de un programa nacional para prevenir, atender y reparar el desplazamiento forzado interno.

Prevención, tema central

Andrés Ramírez Silva puntualizó que la prevención es un tema central, al señalar que generalmente se actúa como bomberos, al reaccionar a los conflictos o tragedias, por lo que la respuesta es tardía y costosa no sólo en vidas, sino en sufrimiento y tragedia humana.

El funcionario de la Comar señaló lo anterior en el conversatorio virtual Diálogos hacia la elaboración de un protocolo para la prevención del desplazamiento forzado interno, en el cual el titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Enrique Irazoque Palazuelos, señaló que detrás de este fenómeno siempre hay una persona y una familia que es necesario voltear a ver.

Por su parte, el director general de Política Pública de Derechos Humanos de la Segob, José Luis Calderón, coincidió en que el desplazamiento forzado es un problema público y para los gobiernos no es reto menor.

Resaltó que hoy se reconoce la importancia de desarrollar una estrategia preventiva para este fenómeno y que la acción más significativa es la inclusión del tema en el Programa Nacional de Derechos Humanos.