Para exhortar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a tomar en consideración el impacto al medio ambiente y a la competencia económica al resolver sobre la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) firmó el amicus curiae que organizaciones de la sociedad civil integraron.

El organismo del sector privado exhortó a los ministros de la SCJN a tomar en cuenta los argumentos y anteponer el bienestar y el derecho a la salud de los mexicanos al momento de decidir si la reforma es inconstitucional o no.

Al considerar que México puede caer en incumplimiento de los pactos internacionales que ha firmado con los cambios que dan prioridad a las energías combustibles generadas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por encima de las energías limpias, el organismo se sumó a la medida que ha sido impulsada por otras agrupaciones.

El amicus curiae son documentos de contenido y forma libre con los que especialistas en el tema, asociaciones, agrupaciones o particulares acuden a los ministros de la SCJN para realizar manifestaciones y proponer argumentos para ayudar a la Corte a tomar la mejor decisión.

Destacó que en el ámbito económico, la reforma a la LIE sostiene la generación de energía eléctrica mediante plantas tradicionales de la CFE, cuyo costo y subsidio es mayor, lo cual implica que México no sólo no incentive la generación de energías renovables, sino que subsidie energías fósiles altamente contaminantes.

Mencionó que en caso de concretarse los cambios legales, se pone en riesgo que México logre reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que se alejaría del objetivo de mitigar los efectos del cambio climático y vulneraría los derechos de los ciudadanos a gozar de un medio ambiente sano, un desarrollo sostenible y a la salud.

Coparmex reiteró que la reforma a la LIE contraviene los objetivos perseguidos por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Acuerdo de París, el Protocolo de Kyoto, así como el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que protegen el medio ambiente.