os trabajadores de la planta de General Motors (GM) en Silao, Guanajuato, protagonizaron esta semana un episodio histórico en la lucha por los derechos laborales y la libertad sindical, pues hicieron valer su voto para deshacerse del sindicato charro Miguel Trujillo López, encabezado por Tereso Medina y afiliado a la Confederación de Trabajadores de México (CTM). De acuerdo con el cómputo efectuado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), 55 por ciento de los obreros votó por terminar el contrato colectivo de trabajo (CCT) cuya titularidad detentaba la filial cetemista, con lo cual se abre la posibilidad de formar un nuevo gremio y negociar términos más favorables para los empleados.
Tras el anuncio de los resultados, representantes de los trabajadores democráticos informaron que integrarán un nuevo sindicato para obtener la titularidad del CCT, y llamaron a sus compañeros a la unidad ante las batallas laborales por venir. Por su parte, la empresa, además de reconocer que el proceso de legitimación del contrato colectivo se realizó con una alta participación y sin incidentes, notificó que la planta continuará operando bajo las condiciones del contrato actual hasta que se apruebe uno nuevo, por lo cual los derechos y beneficios de los trabajadores se encuentran garantizados.
El éxito de los obreros automotrices, al sacudirse el corporativismo cetemista, trasciende a los directamente involucrados y constituye un hito en el desarrollo del sindicalismo democrático, el cual fue aplastado durante mucho tiempo por las corporaciones del priísmo tradicional, como la propia CTM o la Confederación Regional Obrera Mexicana, primero, y por el embate neoliberal que intentó destruir toda forma de organización obrera, después. El significado de esta victoria se acrecienta por tener lugar en el Bajío, corazón geográfico de la derecha mexicana y del proyecto panista de establecer grandes parques industriales maquiladores, en los que la inversión de las grandes firmas se atrajo mediante la represión, los llamados sindicatos blancos, los contratos de protección, las amenazas de despido y, en general, por la privación de los derechos de los trabajadores, urdida en complicidad con autoridades que debieron velar por la vigencia de las garantías constitucionales.
Este primer avance en la descharrización de la vida sindical mexicana supone también un saldo indudablemente positivo de la reforma laboral de 2019, con la cual se buscó erradicar las prácticas usadas por líderes espurios para coaccionar a los trabajadores o, de plano, ignorar su voluntad. Con todo, está claro que a los movimientos laborales auténticos no les ha sido fácil reorganizarse para exigir sus derechos después de décadas de represión, control corporativo, propaganda antiobrera y corrupción, tanto dentro como fuera de los organismos gremiales. Por ello, es deseable que este chispazo encienda un proceso de democratización que deje atrás un sindicalismo que poco hizo por los trabajadores y, en cambio, fue correa de transmisión del poder presidencial y de imposiciones patronales, así como un aceitado mecanismo de cooptación de votos para el viejo partido oficial.
Es lamentable que Medina reaccionase a la votación que le fue adversa señalando presuntas irregularidades en el procesamiento de los sufragios, pues tal actitud da cuenta de las resistencias a abandonar una fuente de pingües beneficios a expensas de los trabajadores. Cabe esperar que en los próximos días acepte su derrota, y que tanto el sindicato Miguel Trujillo López como la empresa cesen toda amenaza de tomar represalias contra los obreros que ejercieron su derecho a elegir democráticamente a sus representantes.
