La Comisión de Amnistía ha recibido desde su creación en abril del 2020 y hasta el momento mil 560 solicitudes de personas procesadas y encarceladas para lograr su liberación, pero la mayoría no han sido aceptadas, por no presentar la documentación requerida o por tratarse de reos que cometieron delitos no incluidos en ese mecanismo.

En su primer informe anual que remitió a la Comisión Permanente, ese organismo, dependiente de la Secretaría de Gobernación, precisó que del total de casos analizó en una primera fase 568 y encontró que 521 no son procedentes, por lo que sólo 47 expedientes de personas que están en prisión, se declararon susceptibles de ser amnistiados y se turnaron al Poder Judicial de la Federación, que determinó otorgar el beneficio de la amnistía 34.

Con ello, se extinguió la sanción penal, por lo que los 34 reos procesados por delitos contra la salud –21 de ellos cometidos por situación de pobreza, una más por por indicación de la pareja , otro por temor fundado y siete por ser personas indígenas en situación de pobreza– serán liberados.

Aún se encuentran seis casos pendientes de calificación por el Poder Judicial.

En el informe, la Comisión de Amnistía precisó que actualmente revisa otros 747 casos, integrados de conformidad con los lineamientos para el trámite de solicitudes, a fin de verificar que cumplan los requisitos de la ley y, de entrada, se encontró que 466 no contienen la información necesaria para ser dictaminados. Incluso, 245 no señalan el delito por el que solicitan la amnistía, la causa penal o el centro penitenciario en que están o algún dato de contacto para poder dar seguimiento al caso.

Ello ha impactado en el tiempo de integración del expediente aun cuando la Secretaría Técnica de la Comisión de Amnistía realiza todas las solicitudes para recabar la información faltante y estar en condiciones de dictaminar.