La Paz., El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) concluyó en su informe final que durante la crisis que culminó con un golpe de Estado en 2019 contra el entonces presidente boliviano Evo Morales, las fuerzas militares y policiales perpetraron masacres, torturas y ejecuciones sumarias, entre otras graves violaciones de los derechos humanos, acciones que dejaron 37 muertos y decenas de personas con lesiones físicas o sicológicas.

El presidente Luis Arce afirmó, tras recibir el informe, que ya no quedan dudas de que en la crisis de 2019 se prepetró un golpe de Estado que incluyó violaciones a los derechos humanos, por lo que pidió el voto de la oposición para aprobar en la Asamblea Legislativa Plurinacional un juicio contra los responsables.

El documento de 468 páginas apunta que varias personas fueron secuestradas, agredidas de manera sexual, vejadas, torturadas, discriminadas por su origen indígena, detenidas sin fundamentos jurídicos y sentenciadas sin un debido proceso, por lo que el GIEI recomendó elaborar un censo para identificar en su totalidad a las víctimas.

Para salir del aparente ciclo de violencia, polarización y racismo, Bolivia requería una firme voluntad política del más alto nivel, aseguró ayer la investigadora argentina Patricia Tappatá, una de cinco expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que elaboró el informe, al presentarlo en las instalaciones del Banco Central.

El texto asegura que la responsabilidad de estos actos recae sobre el Estado boliviano, por lo cual, el ex presidente Evo Morales debe asumir lo que ocurrió de las elecciones del 20 de octubre hasta su renuncia –obligado por las fuerzas armadas el 10 de noviembre de 2019–, mientras la golpista Jeanine Áñez tendrá que responder de lo que sucedió desde su llegada a la presidencia, el 12 de noviembre, hasta finales de diciembre de 2019.

Durante la gestión de Áñez se registraron dos hechos graves: el 15 de noviembre en la localidad de Sacaba, cercana a la céntrica ciudad de Cochabamba, y cuatro días después en la planta de gas de Senkata, en la urbe de El Alto, vecina de La Paz. En cada suceso fallecieron 11 personas por disparos de armas de fuego de las fuerzas, por lo que el GIEI los calificó de masacres.

La segunda causa de defunciones y violaciones a las garantías individuales, según el informe, fueron choques violentos entre los civiles polarizados por opinión política a favor y en contra de Morales. Actitudes antindigenistas y pro religiosas también alentaron la violencia en contra de seguidores de Morales.

El grupo emprendió durante ocho meses una investigación en el país, sin carácter penal, sobre los hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos ocurridos entre el 1° de septiembre y el 31 de diciembre de 2019; entrevistaron a 400 personas, analizaron más de 120 mil expedientes y escucharon testimonios.

Arce aseguró ante familiares de las víctimas, diplomáticos y líderes sociales que recibió el informe con el compromiso de cumplir sus recomendaciones, que apunta tanto a dar justicia a los afectados como a corregir fallas institucionales del Estado boliviano.

Áñez y 40 ex funcionarios, militares y policías están bajo proceso judicial por estos hechos. La líder golpista está en prisión desde marzo, acusada de sedición, terrorismo y conspiración, pero no queda ya ningún proceso judicial contra Morales y sus ex colaboradores.

El viceministro de la cancillería, Freddy Mamani, señaló en entrevista con Sputnik que el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, tuvo participación en el golpe y aseguró que varios países buscan reconstituir al órgano regional porque ya no tiene voz válida para los países de América Latina y el Caribe.