La minería en el país ha dejado al menos 374 conflictos socioambientales, derivado de que más de 19 mil localidades de la República Mexicana están asentadas en territorios concesionados a empresas extractivas.

Sin embargo, el número de problemas entre comunidades y mineras podría crecer de forma importante debido a que la mayoría de los habitantes que viven en esos predios, 2 millones 800 mil personas, ni siquiera saben que su territorio está concesionado.

La sorpresa viene cuando arriban las mineras con su personal y maquinaria a ejecutar los trabajos. Ahí se suscitan los primeros conflictos. Además, se estima que la población circundante a dichas concesiones alcanza 13 millones de mexicanos.

Así lo denunciaron ayer en un foro nacional virtual los promotores del movimiento nacional #CambiémoslaYa (en alusión a la Ley Minera vigente en México) conformado por integrantes de diversas organizaciones sociales, representantes de poblados afectados, así como investigadores y académicos de distintas universidades del país.

Algunas de las agrupaciones que lo integran son Comités de Cuenca del Río Sonora; Movimiento Atzin No a la Minería, el Movimiento Morelense contra la Minería Tóxica, Fundar, Grupo Poder, Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación y académicos de la Universidad Iberoamericana, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y la Universidad Nacional Autónoma de México.

En términos generales, exigieron a los poderes Ejecutivo y Legislativo federales reformas profundas a la Ley Minera, porque su contenido ha posibilitado violaciones a derechos humanos y privilegios de las empresas mineras, y consideraron urgente eliminar el carácter de utilidad pública y de preferencia que la ley otorga a la minería.

Actualmente, se informó, existen alrededor de mil proyectos en distintas fases de desarrollo en unas mil 600 minas, y entre las consecuencias están la persecución y asesinatos de habitantes opositores, que defienden sus territorios y el agua frente a las compañías extranjeras.

Durante la videoconferencia, Aleida Azamar Alonso, investigadora de la UAM, se refirió a que mientras esta industria obtiene millonarias ganancias, como las reportadas en 2020, que ascendieron a 20 mil millones de dólares, la aportación de esta actividad al Producto Interno Bruto ha sido de sólo 0.09 por ciento.

Indicó que hay al menos 15 municipios mineros de gran importancia. Si hay empresas que producen metales valiosos, serían áreas de gran riqueza, pero 13 padecen niveles de pobreza por encima de la media nacional, entre ellas hay siete en pobreza extrema, como es el caso de San José del Progreso, Oaxaca.

Itzel Silva, abogada de Fundar, mencionó que la ley minera viola de manera directa derechos humanos y convenios reconocidos por el Estado mexicano, además de que ha favorecido la entrega de territorios a las empresas mineras.

Por su parte, Miguel Soto, de Grupo Poder, explicó que se trabaja en una reforma para que los pueblos tengan derecho a decidir si quieren un proyecto minero.