La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que el propósito de la reforma a la Ley de Vivienda y Desarrollo Urbano capitalina es impulsar la construcción de casas de interés social y popular y no subir su precio.

Se trata, expresó, de una norma especial que permite que se construya más vivienda de ese tipo, y lo que se busca con ello “es que disminuyan los precios, que es algo que afecta mucho a la Ciudad de México.

Es particularmente para el Instituto de Vivienda (Invi); no tiene que ver con impactos mayores de los que existen actualmente con la construcción, siempre el respeto a la ciudadanía cuando hay una obra grande, manifestó la titular del Ejecutivo local.

La iniciativa que envió al órgano legislativo local propone que el costo de las casas de interés social y popular se tase en unidades de medida y actualización (UMA) y no en unidades de cuenta, como actualmente ocurre.

–¿Sí está aumentado el precio (de las viviendas) en esa propuesta? –se le preguntó.

–¡No!, ¡no!, ¡no!, todo lo contrario, lo que estamos buscando es que haya más vivienda popular, más vivienda social –respondió.

La iniciativa de reforma confiere a las secretarías de Administración y Finanzas y de Desarrollo Urbano y Vivienda, así como al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, a Servicios Metropolitanos y al Invi, la facultad para proponer modificaciones al valor de la vivienda en función de las variaciones de precios en materiales para construcción, la inflación y el costo del suelo.

En el caso de la vivienda popular el precio máximo de venta al público pasa de 5 mil 400 unidades de cuenta a 6 mil UMA (537 mil 720 pesos a su valor actual), y el tope máximo de 9 mil unidades a 10 mil 800 UMA (a 967 mil 896 pesos).

Para las de interés social se actualiza de 5 mil 400 a 6 mil UMA y se subsana la ausencia del precio máximo de venta para la vivienda sustentable, que se incorpora con un rango de 10 mil 800 UMA a no más de 17 mil 314 (un millón 551 mil 680.68 pesos).

Para garantizar este precio, se establece que el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, al momento de la inscripción del régimen de vivienda en condominio anotará en el folio real del predio que el inmueble está sujeto a la aplicación de la Norma 26 y su costo se mantendrá durante los siguientes cinco años y sólo se aplicará la inflación anual.