El gobernador Jaime Bonilla Valdez no podrá nombrar a los nuevos magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Baja California, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó una suspensión otorgada al Poder Judicial local. En octubre pasado, Bonilla Valdez logró la aprobación del Decreto 110, que modificó 22 artículos de la Constitución bajacaliforniana para desaparecer el Consejo de la Judicatura estatal, destituir a los magistrados numerarios y modificar el proceso para nombrar a los integrantes del Poder Judicial del estado, dejándolo principalmente en manos del Poder Ejecutivo. Los consejeros de la judicatura y magistrados afectados promovieron la controversia constitucional 187/2020, señalando que el decreto vulneraba la autonomía del Poder Judicial. El ministro Alberto Pérez Dayán admitió la controversia y otorgó la suspensión del acto reclamado, por lo que todos los efectos del Decreto 110 seguirán suspendidos hasta que la SCJN resuelva si éste es acorde con la Constitución federal.