Karen pasó 11 años en prisión por un delito que no cometió, y que operadores de justicia le impusieron por, dijeron, haber fallado en su desempeño de cuidadora y madre, luego de que su pareja sentimental violara y agrediera a su hija de más de un año de edad, lo que derivó en la muerte de la menor.

Este caso es el primero en que la Clínica de Justicia y Género Marisela Escobedo, del proyecto Mujeres en Espiral, de la UNAM, logró revertir una sentencia –en esta ocasión de 30 años–, tras llevarlo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La joven, de la alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México, no fue testigo de los hechos, por lo que no pudo defender a su hija; sin embargo, fue ingresada al penal de Santa Martha Acatitla en 2010, acusada de homicidio en razón del parentesco calificado y violación equiparada agravada en la modalidad de comisión por omisión.

Gladys Morales, una de las abogadas de Karen, expuso en entrevista que el 7 de mayo de 2010, la madre, que entonces tenía 23 años, se estaba bañando cuando la niña fue agredida, y que su pareja la llamó para decirle que estaba sufriendo un ataque epiléptico, lo que anteriormente ya había padecido.

Al ver que la menor estaba muy grave, agregó, Karen la llevó a un hospital de donde la trasladaron al pediátrico de Legaria. Ahí no le permitieron verla, sino que la condicionaron a hacer una declaración ante el Ministerio Público. El parte médico que recibió ese agente decía que la niña tenía desgarres anales y una fractura en el cráneo.

Morales dijo que la policía ministerial asumió que la pareja había atacado a la niña, y comenzaron a torturar a Karen emocionalmente para que les dijera cómo había sucedido, aunque fue por ellos mismos que se enteró de lo que había pasado.

Es así, dijo, como comenzó a dibujarse lo que fue la historia en el sistema de justicia, marcada por culpabilizarla por su postura de madre, sin siquiera escuchar o evaluar si los hechos daban para construir o respaldar lo que prácticamente se inventó el Ministerio Público. A Karen la sentenciaron a 30 años de prisión y al agresor a 31.

La abogada indicó que la Clínica de Justicia y Género tomó la defensa de la joven en 2012. Su liberación, en julio de 2021, implicó llevar el caso a la Suprema Corte. Fue hasta febrero de este año cuando en la sentencia emitida se obligó al séptimo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito a juzgar con perspectiva de género.

En tanto, Gisel Tovar, integrante de Mujeres en Espiral, señaló que este proyecto de la UNAM, surgido en 2007, acompaña diversos casos en los que están presentes papeles o desempeños de género que aún predominan en la sociedad y que terminan afectando a las mujeres.