Los dos organismos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) responsables de la protección de los recursos naturales, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y la Comisión Nacional Forestal (Conafor), carecen de vías para asegurar que sus programas favorezcan la conservación.

De acuerdo con revisiones a cargo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como parte de la fiscalización de la Cuenta Pública 2020, la Conanp –que en lo que va del sexenio ha contado con dos directores, y que está a cargo de Roberto Aviña, designado por el el ex titular de la Semarnat, Víctor Toledo– no dispuso de mecanismos para verificar en qué medida el otorgamiento de apoyos mediante el Programa para la Protección y Restauración de Ecosistemas y Especies en Riesgo (Prorest) promovió la protección y restauración de los ecosistemas presentes en las áreas naturales protegidas ni cómo contribuyeron al bienestar social.

Para la ASF, lo anterior se debió a que los indicadores y metas diseñados no fueron suficientes para cuantificar la atención del problema público, aunado a las disparidades existentes entre los componentes del programa y a la falta de identificación de criterios que determinaran la prioridad.

El cálculo realizado por la ASF sobre el costo-efectividad del citado programa mostró que en 2019 se ejercieron 161 mil 480.9 millones de pesos y el cumplimiento de metas osciló entre 11 y 144 por ciento; mientras en 2020 se erogaron 142 mil 135.7 millones, con entre 33.3 y 156 por ciento de cumplimiento. Esto evidenció que los resultados reportados pudieron ser atribuibles más a una baja en el establecimiento de metas que a una mayor consecución de los objetivos.

Sobre el trabajo de la Conafor –hasta la semana pasada encabezada por León Jorge Castaños, pero dejó el puesto–, la ASF encontró que en 2020 este organismo continuó con la operación denominada Protección Forestal, pero no acreditó criterios para determinar, clasificar y delimitar las actividades de prevención, detección, combate y control de incendios, plagas y enfermedades forestales, además de que no cuantificó en qué medida el programa contribuyó a proteger la superficie forestal.

La definición del problema público que pretendió atender la Conafor careció de claridad y concreción, ya que no se delimitaron cuáles serían las superficies forestales a atender ni los tipos de incendios que pretendía combatir, según las conclusiones de la auditoría.

Además, la Comisión Nacional Forestal no dispuso de una metodología o mecanismos de definición de acciones ni demostró el diseño de indicadores para medir la contribución del programa en la protección de la superficie forestal del país.